Moral de un Gobierno corrupto versus SAT
El actual gobierno del señor Jimmy Morales pasará a la historia como el más corrupto que ha tenido Guatemala. Desde el inicio, una vez ganadas las elecciones, al hospedarse en un hotel de lujo de la capital se sabía por dónde iba a ir caminando y en beneficio de quién.
Los días de comodidad del electo presidente y su familia tuvieron un costo, así como los millones recibidos durante la campaña electoral, originada de diversos sectores aún no revelados. Pero ¿Quién o quiénes tienen interés en favores futuros del Gobierno? Múltiples sectores siempre están o han estado vinculados al Gobierno, con el objetivo de recibir prebendas y beneficios superiores a aquellos que no aportaron al partido oficial.
Ejemplos como el de las compañías telefónicas Claro y Tigo, revelados por diversos medios de comunicación sus vínculos con gobiernos para que demandas judiciales se resolvieran a favor o en contra de unos. Singulares ejemplos, cátedras de empresarios exitosos, quienes usando el poder del Gobierno se convierten en grandes empresas, sin que esto sea exclusivo del país, múltiples son las empresas latinoamericanas que han hecho lo mismo.
Lo que hoy nos ocupa en el presente artículo es el rumor que ha corrido por todos los medios de comunicación, el presidente pretende cortar la cabeza de la Superintendencia de Administración Tributaria, a solicitud de diversos sectores, como los ganaderos, empresarios y otros, que hoy se ven afectados por los casos judicializados, entre ellos la multinacional Walmart. Nunca como hoy se había tocado a los peces grandes, la SAT dedicó 20 años de su vida a perseguir a pequeños contribuyentes, habiéndose desgastado, porque incluso estos casos eran perdidos en los tribunales por falta de sustento técnico y legal.
Cómo no van a estar molestos aquellos que durante toda la historia de este país han dejado de pagar impuestos. Ya sea por beneficios legales como las exenciones, exoneraciones presidenciales, elusión tributaria, y al no ser así, utilizando la evasión, defraudación y contrabando. Estos empresarios han aumentado geométricamente las ganancias a costas de las arcas nacionales. Un costo muy alto para los millones de guatemaltecos que sí pagan impuestos.
La excusa para remover del puesto a Solórzano es el incumplimiento de las metas de recaudación tributaria. Según los datos preliminares, al final del año se tendrá una brecha de mil millones de quetzales. Esta es una causal para cambiar al superintendente, sin embargo, el proceso debe ser objetivo y transparente. Lo anterior no está garantizado, debido a que el actual Gobierno no tiene ni la credibilidad, ni mucho menos la moral para realizar un acto de esta magnitud.
Un ministro de Finanzas, que fue incapaz de guiar al Gobierno para que la ejecución presupuestal fuera exitosa, o por lo menos se llegara en promedio a ejecutar un 80 %, no tiene la calidad moral para juzgar a otro funcionario, si este último logró cumplir en un 98 % su objetivo.
El presidente Morales mucho menos puede presentarse a calificar el trabajo de otro, cuando públicamente se une a un grupo de ganaderos dispuestos a no pagar impuestos. Estos ganaderos, hoy demandados a solicitud de la SAT por defraudar al Estado en un monto aproximado de Q 21,000,000, solicitaron la remoción del superintendente utilizando el mismo micrófono del presidente, a la par de él, en un pacto solidario.
Si vamos a remover a los funcionarios por incumplimiento de las metas, todos los ministros, el vicepresidente y el presidente Morales deben ser los primeros en ser despedidos.
