“Muchos comercios y restaurantes apoyaron la marcha. Cerraron sus puertas el miércoles 20 para que sus empleados pudieran sumarse a las manifestaciones. Los grandes ausentes, sin embargo, fueron los gremios empresariales que han hecho un ambiguo ‘llamado al diálogo’ y a luchar contra la corrupción, pero mantienen su distancia con el movimiento ciudadano.
La tibieza de la postura del sector empresarial –explica el analista político Edgar Gutiérrez–se debe a que el sector privado también se ha convertido en el blanco de las investigaciones impulsadas por la Cicig.
Por ejemplo, Aceros de Guatemala, una de las constructoras más grandes del país, se vio obligada a pagar en mayo de 2016 una multa de 107 millones de dólares por evasión fiscal, como resultado de una investigación de la Cicig. Dos meses después, el empresario hotelero Carlos Enrique Monteros Castillo, fue detenido por defraudación tributaria, un hecho insólito en un país donde la evasión fiscal es una práctica generalizada.
Estos casos sembraron alarma entre muchos empresarios, quienes consideran que la Cicig ‘ha llegado demasiado lejos’.
‘Hay un sector empresarial minoritario, pero poderoso, que abierta o solapadamente favorece el statu de la corrupción, la captura y cooptación del Estado. Hay un sector empresarial que se expresa a través de las cámaras y mantiene una actitud ambigua: dicen estar en contra de la corrupción, pero no les gusta una Cicig y un Ministerio Público (MP), jueces y magistrados independientes, preferirían volver al anterior estatus de captura plena del Estado, en el que tenían una voz poderosa para calificar quién era y quién no era corrupto’.
‘Y finalmente hay otra minoría, pequeñas agrupaciones y empresarios en lo individual, que abierta o discretamente apoyan a la Cicig y al MP y condenan las acciones de los diputados y del presidente Morales, y por eso están con la plaza’, afirma Gutiérrez.
Varios ministros además, han presentado su renuncia, conscientes del costo político que supone para ellos permanecer en el gabinete de un presidente que intentó expulsar a la Cicig del país.
Los primeros en renunciar fueron la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y sus tres viceministros. ‘Usted asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país, contradiciendo todas las declaraciones sobre justicia y transparencia. Ante estas acciones prepotentes que parecen dirigidas a obstaculizar la justicia, consideramos que el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ético y políticamente inviable en un gobierno como el suyo’, dijo Hernández el 27 de agosto, tras renunciar al cargo.
Después de Hernández, dejaron sus cargos la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, el ministro de Gobernación, Juan Francisco Rivas, y el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada.
‘El presidente Morales y sus aliados en el Congreso generaron la crisis y la han profundizado, llevando al país a un callejón sin salida. La vuelta de la plaza (las manifestaciones contra la corrupción) y las presiones internacionales están desorganizando esa ofensiva del statu quo corrupto, y provocando contradicciones internas dentro del Congreso, dentro del gobierno mismo, y entre ambos poderes del Estado’, afirma Gutiérrez.
En este clima político de tensión e incertidumbre, el interrogante que queda en el aire es quién ganará este pulso de poder entre la Cicig y el MP, con el respaldo de la sociedad civil y la comunidad internacional, por una parte, y los actores corruptos que ven sus intereses amenazados por las acciones de la comisión.
NOTA PERSONAL: En la próxima (última) entrega dirigida a los lectores de LA VOZ DE XELA, trataré de agregar un comentario sobre la amplitud con que la prensa extranjera aborda los problemas de nuestro país, y las limitaciones que encontramos en la prensa nacional.
Soy un profesional comprometido con la transparencia, la crítica y la propuesta, e identificado con los problemas sociales; los intereses y necesidades de los de a pie. / lufesaldy@hotmail.com