El artículo 141 constitucional reza: El pueblo es el soberano. Apoteósica concurrencia de ciudadanos manifestando su rotundo malestar y desacuerdo a las acciones del presidente de la República y diputados.
En la plaza central, así como en casi todas las plazas de las cabeceras departamentales, la ciudadanía se hizo presente diciendo no a la corrupción, a la ineptitud, a la impunidad y al latrocinio del presidente de la República, y principalmente de los diputados, quienes en teoría deberían representar los intereses del pueblo.
El mensaje ya está dado, es claro y contundente, RENUNCIA YA del presidente y de los diputados, en el caso específico de 48 Cantones de Totonicapán, el martes 19, la comisión viajó al recinto del Congreso de la República y personalmente –cara a cara– le pidió y/o entregó la renuncia a sus cuatro diputados. ¿Cómo es posible e inaudito escuchar del Sr. Marcos Yax, que no leyó lo que aprobó? Está en cuatro comisiones de trabajo, tiene más de 10 asesores, secretarias, etc., y ¿no pudo leer semejante aberración jurídica? El trabajo principal del diputado, de acuerdo al artículo 171 constitucional es legislar y fiscalizar, sin embargo, hay diputados que no han presentado ni una iniciativa de ley en más de dos o tres años; estar en varias comisiones de trabajo significa para ellos más ingresos económicos ilícitamente cobrados. No les conviene fiscalizar, porque está claro que son coyotes de la misma loma. La aprobación de los decretos 14/2017 y 15/2017 respectivamente, es el claro reflejo del pacto de corrupción e impunidad transado entre ellos.
Lástima grande, los diputados no aprendieron la lección del 2015, como dicen las abuelas, están viendo caer fuego del cielo y no se arrepienten. Ah, pero nosotros tampoco aprendimos la lección, porque si ellos están ahí, no es obra de magia, es obra de nuestro analfabetismo político, nos dejamos engañar, confiamos en la cara bonita, en las palabras bonitas, en la frase célebre “ni corrupto ni ladrón”. Por favor, hay que elegir y no votar. Los analistas se han preguntado, después de la manifestación qué procede, qué hay que hacer, qué debe hacer la ciudadanía. Pues simple, manifestar no es solo llevar carteles, hacer uso de las redes sociales, etc., como ciudadanos con principios y valores, practicantes de la ética, debemos proponer, y la juventud debe estar lista para relevar a esa clase corrupta de políticos que por décadas se han aprovechado del sistema colapsado para su propio beneficio.
En ese orden de ideas, es urgente una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, que lo debe hacer una comisión especial -no esos políticos tercermundistas a quienes ya les pedimos su renuncia-, tomando aspectos importantes como: dos o tres diputados por departamento, el salario del diputado debe ser congruente con el salario mínimo, un asesor por diputado, personalmente cada diputado debe rendir informe de su trabajo al departamento que lo eligió, por lo menos una vez al año, mayor control y fiscalización del TSE hacia las organizaciones políticas, los informes financieros de los partidos políticos deben estar auditados, no solamente firmados por el contador. Los documentos contables que emitan o reciban las organizaciones políticas deben llenar todos los requisitos legales, tal y como la SAT exige al contribuyente. Cómo es posible que al contribuyente, quien es el que paga el salario del diputado, la SAT le exige cumplir con la ley, mientras el partido político cuando quiere y como quiere presenta su informe financiero. No desvaloricemos las palabras del Sr. Iván Velásquez jefe de la Cicig, al decir “el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia guatemalteca y la puerta de entrada a ese círculo vicioso de la corrupción”.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.