Negociando con el futuro de Guatemala
El 27 de agosto de 2017 se ha constituido en un día que marca un antes y un después en la historia del país de la eterna primavera, el que para muchos ciudadanos se ha convertido en el “país de la eterna robadera”, aludiendo a los robos realizados por la clase política que nos ha gobernado.
Pero qué nos hace pensar que la historia cambiará luego de los acontecimientos de este fatídico domingo. Jimmy Morales, en un intento por salvar a su familia, allegados políticos y a él mismo de los tribunales, inició abiertamente una campaña cuyo objetivo es sacar a Iván Velásquez del territorio nacional. La batalla es contra de la persona, ha dicho el presidente, no en contra de la institución que dirige, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –Cicig–.
Para lograr el objetivo, no importa lo que se tenga que dar a cambio. Revisando los casos que el Ministerio Público está investigando, y que vincula a: diputados, secretarios generales de partidos políticos, funcionarios, sindicalistas, empresarios (especialmente los miembros del Cacif, Cámara del Agro, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción), líderes religiosos y otros, encontró a los aliados perfectos. Todo aquel que tenga algo pendiente con la justicia guatemalteca será capaz de negociar con el presidente y sumarse al gran pacto de impunidad, sin importar si esto daña el futuro de los 16 millones de guatemaltecos.
¿Qué se negoció? Primero: el apoyo de los diputados a la presidencia en la defensa de la soberanía del territorio, sumándose a la solicitud de expulsar del país al comisionado de la Cicig. A esta solicitud se sumaron todos aquellos que tiene miedo de la justicia, basta revisar los comunicados para saber quiénes son, claro, algunos no lo hicieron abiertamente. Segundo: los decretos 13 y 14 -2017; modificando el delito de financiamiento electoral ilícito, con esto se salvan todos los secretarios generales de los partidos políticos involucrados, incluyendo al presidente. Tercero: a todo aquel que se sumó a la cruzada contra Iván Velásquez se le iban a trasladar prebendas establecidas en el presupuesto 2018, eso sí, los diputados debían apoyar las modificaciones a la ley del Ministerio Público, revisar el mandato de la Cicig, preparar el camino para la elección del contralor General de Cuentas, consolidando el sistema de justicia con la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que inicia este 25 de septiembre, debiendo elegir a una persona afín a los integrantes de este gran “Pacto de impunidad”.
Afortunadamente, el pueblo despertó e hizo retroceder al presidente y a los diputados en su afán de “negociar con el futuro de Guatemala”, ojalá se haya aprendido la lección.
