En Guatemala el 90 % de las empresas son catalogadas como pequeñas y microempresas, y dentro de esta clasificación considero que más del 50 % son microempresas. Las microempresas son aquellas que emplean entre uno y dos personas, por lo general es eminentemente familiar, sin embargo desarrollan transacciones comerciales que fácilmente superan los Q 150,000 anuales, por otro lado la administración tributaria no los considera como pequeños contribuyentes. –Pequeño contribuyente es aquella persona individual o jurídica que vende bienes o servicios hasta Q 150,000 anuales–.
La legislación tributaria actual exige ciertos informes contables para los contribuyentes, pequeños y normales –la administración tributaria define como contribuyente normal a las empresas individuales o jurídicas que venden bienes y servicios después de Q 150,000 anuales–. Después de poner en contexto algunos datos mínimos relacionados con las empresas, es necesario plantearse la siguiente pregunta: Como microempresario, ¿qué tanto analizo mis finanzas? Poner en marcha un negocio significa poner en riesgo el capital –efectivo y/o equivalente a efectivo–, con la finalidad de obtener una utilidad, percibiéndose esto a través del incremento en los activos del negocio, después de un periodo prudencial –normalmente un año– obviamente esto redunda en el aumento al capital, nadie pone en marcha un negocio pensando en reducir su capital inicial, sin embargo, la gran mayoría de microempresarios no se detienen a analizar el comportamiento de su capital, máxime en las condiciones –político sociales– actuales, casi la mayoría de los negocios han sido víctima de la delincuencia.
Es imprescindible cambiar de actitud empresarial y asumir el rol como buen empresario, dispuesto a generar riqueza y riqueza con calidad, al decir esto me refiero a que la utilidad que obtengamos después de un periodo de trabajo no pueda ser mermada por situaciones que pudieron evitarse desde el principio, haciendo uso de los elementos básicos de administración –planificación, dirección, control, supervisión, presupuesto–, la merma en las utilidades normalmente se dan por inventarios obsoletos y vencidos, cuentas a clientes incobrables, cuentas a proveedores impagables, ajustes de impuestos, etc.
Aunado a lo anterior, el microempresario del siglo XXI también debe dar ese salto que lo lleve a la observancia de los principios básicos de administración financiera, los cuales tienen que ver obviamente con implementación de un control interno eficiente, así como herramientas propiamente de análisis financiero. En ese orden de ideas, es importante las reuniones de trabajo periódicamente con el contador de la empresa, normalmente este 90 % de microempresas, no cuentan con contador de planta, por lo que la comunicación entre microempresario y contador se centra en la entrega/recepción de documentos contables que servirán como soporte en la preparación de pago de impuestos; es más, por cultura tributaria, el microempresario “implora” a su contador que el pago de impuesto sea el “más bajo posible”, sin tomar en cuenta que, hoy por hoy, la administración tributaria dispone de herramientas tecnológicas que permiten monitorear el movimiento comercial de las microempresas. Dicho sea de paso, como anoté anteriormente –en las actuales circunstancias político-sociales–, como contador público y auditor debemos reforzar nuestro compromiso de actuar siempre de acuerdo a principios y valores, y conducirnos en todas nuestras relaciones profesionales arropados de ÉTICA.
La microempresa maneja millones de quetzales, generando riqueza, y por ende son parte del motor económico del país, en consecuencia, el Gobierno tiene la obligación de implementar programas especiales para incentivarlas, procurando su estabilidad y desarrollo en beneficio de la población económicamente activa que trabaja en ese sector de la economía.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.