Protejamos nuestra Constitución Política
El 31 de mayo de cada año se ha establecido como el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala, según Decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. En 2018 cumple 33 años (la edad de Cristo), lo que constituye una madurez.
Lo anterior debiera significar también una evolución de la democracia guatemalteca. Los acontecimientos que estamos viviendo demuestran que sí existe evolución. No podemos pretender que los casi 500 años de atraso se corrijan en un periodo tan corto.
La Constitución Política, llamada por los doctrinarios “Carta Magna”, representa el gran pacto social de un país. En este pacto se reúnen todos los elementos que se consideran necesarios para construir una sociedad justa y equitativa.
Sin ser experto en la materia, afirmo que la Constitución Guatemalteca reúne los componentes básicos, que además son importantes para que vivamos en armonía.
Nadie es superior a la Constitución, manifestó en su discurso el presidente Jimmy Morales. Fue contundente al decir, que ni jueces, fiscales, comisionados lo son. Le faltó decir que tampoco él es superior, y mucho menos los diputados.
La Constitución se divide en tres partes: dogmática; orgánica; procesal, pragmática o práctica.
En los últimos años han surgido una serie de opiniones sobre la aplicación de la Constitución. También funcionarios, diputados y hasta el presidente han dicho que debemos defender nuestra “Carta Magna”. Personas individuales, grupos, asociaciones y fundaciones se arrogan el derecho de ser ellos los que, utilizando las redes sociales, defienden la supremacía constitucional.
Sin embargo existen muchos criterios, unos correctos, otros erróneos en la aplicación constitucional. Las interpretaciones se dan desde diversas ópticas. En el caso de la solicitud del Gobierno para que el embajador de la República sueca se retire del país, se han derivado diversas opiniones, sobre si debe hacerlo el presidente o la ministra de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, creo prudente analizar la parte más importante de la Constitución, la dogmática, pero no toda, solo el artículo uno, el que literalmente establece: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin primero es la realización del bien común”.
El artículo citado determina todo el contenido de la Constitución. Lo anterior significa que el presidente debe cumplir con lo que dice norma constitucional, pero siempre en apego a la realización del bien común.
¿En qué favorece al bien común la salida del embajador AndersKompass?, en palabras sencillas, le favorece a usted estimado lector, seguramente no, más bien perjudica a un sector grande de la población guatemalteca, que hoy recibe beneficios del Gobierno sueco.
Otra pregunta que es válida hacer: ¿En qué beneficia al ciudadano guatemalteco la exoneración de multas tributarias a los amigos del presidente? Por supuesto que la Constitución establece la potestad legal que tiene el magnatario de exonerar multas, intereses y sanciones a los contribuyentes, sin embargo al hacerlo, en todos los casos debe valorar si la decisión cumple con lo establecido en el artículo uno constitucional, o bien ayuda a la realización del “bien común”, si no lo hace, la decisión contradice la norma constitucional.
Estimado lector, el análisis, discusión, debate y defensa de las normas constitucionales le competen a todos los ciudadanos guatemaltecos, no es exclusivo de los profesionales del derecho. Los invito a leerla, discutirla, pero sobre todo: DEFENDERLA.
