¿Es el presupuesto una herramienta de desarrollo?
Durante el presente mes, el Congreso de la República enfrenta uno de los retos más importantes de la gestión legislativa, la aprobación del Presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018.
El proyecto es enviado por el organismo Ejecutivo, previo a una planificación de cada una de las instituciones de gobierno, cada unidad tiene una oficina especializada en la que se establecen los montos a presupuestar, por lo que en términos generales no debería fracasar la ejecución.
A pesar de todo el trabajo técnico realizado por profesionales expertos en la materia, y que me consta es un esfuerzo extraordinario el que ellos hacen, debido a la complejidad de la estructura de los sistemas de gobierno, la ejecución fracasa. La mayoría de instituciones no alcanza a ejecutar, por diversos problemas, en especial el papeleo burocrático que debe hacerse.
Está comprobado que el sistema mediante el cual se realizan licitaciones es un fracaso, el ejemplo más grande es la corrupción imperante en el Ministerio de Comunicaciones. Los pasos para asignar una obra involucran a personal que diseña, la junta de licitación, la tesorería, la unidad de presupuesto, la auditoría interna y por último la cuestionada e inoperante Contraloría General de Cuentas, y con todo ello aún hay altos montos de dinero que terminan en manos de funcionarios corruptos.
El problema de las plazas fantasmas no solo se trata de personal que no llega a trabajar, también están los que hacen presencia física en las oficinas gubernamentales, pero en calidad de cadáveres, no hacen nada, no producen nada y consumen recursos, como el caso de los sindicatos, con sus extraordinarias excepciones, que ojalá fueran muchas.
Para 2018 el Ejecutivo propone un techo presupuestario de Q 87,922.90 millones. La comisión de finanzas del Congreso aprobó Q 84,500.00 millones. El Gobierno propuso un endeudamiento de Q 18,200.00 millones, equivalente al 21 %; el Congreso lo disminuyó en Q 3,300.00 millones.
Que un gobierno se endeude no es el problema, el verdadero inconveniente es para qué lo hace. Varios estudios de institutos de investigación han manifestado que la corrupción en el Gobierno asciende entre un 20 y un 25 %, o sea al monto de la deuda. Por lo que, si tuviéramos un presidente y diputados comprometidos con el combate a este flagelo, qué mejor muestra que eliminar la deuda para el próximo año con el compromiso de cumplir la resonada frase, “ni corrupto, ni ladrón”.
Este gobierno se arriesga al proponer una meta en la recaudación tributaria de Q 63,012 millones, equivalente al 71 % del ingreso, muy por arriba de lo que se recaudará en 2017. Pareciera que los indicadores económicos negativos que revelan las calificadoras de riesgo internacional no cuentan para este gobierno, que se ciega en su afán de creerse autosuficiente en un mundo globalizado. La crisis política originada este año por el presidente de la República afectará la economía de los próximos años, queramos o no. Decisiones nefastas en los ministerios, pactos con los sindicatos harán un daño irreparable para el país.
Y para ponerle la guinda al pastel, la negociación de la junta directiva que dirigirá el Congreso en 2018 depende de la aprobación del presupuesto.
Con todo lo anterior, se diga lo que se diga de parte del Gobierno, el proyecto presupuestario no reúne las características de un instrumento de beneficio para la población guatemalteca, no por el monto, sino por los que lo administrarán.
