Recientemente, se dio a conocer que en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MICIVI- se realizaron pagos a empresas y contratos dudosos. La extitular del ministerio indica que no quiso acatar órdenes ilegales, pero esta versión no concuerda con la realidad.
El equipo de gobierno en pro de mejorar la ejecución estableció varios requisitos para pagar las obras comprometidas por el gobierno anterior, entre estos: No repetir el pago a empresas que se les había pagado el mes anterior; pagar en función al avance físico; y que coincidiera el avance físico con la supervisión de las obras, entre otros.
Pero, el problema de fondo es más delicado porque las autoridades anteriores del MICIVI pactaron y firmaron contratos lesivos; lo anterior porque contienen cláusulas en donde dice que los pagos se deben de realizar en forma mensual (sin importar el avance físico) y que, si no se realiza de esa manera, genera intereses y mora a favor de los constructores.
La lesividad de contratos se da cuando el contrato llevado a cabo por la administración pública con otro órgano administrativo o particular es ilegal, y perjudicial para los intereses del estado, por la ventaja patrimonial desproporcionada. El gobierno actual por ningún motivo debe realzar un solo pago a estas empresas sin revisar al menos los siguientes puntos: que los procesos de adjudicación se hayan realizado de manera transparente; que los precios no estén sobrevalorados; que existiera avance físico en tales obras; declarar la lesividad de los contratos y denunciar a todos los que intervinieron en la firma y autorización de esas negociaciones. Por jerarquía normativa un contrato no es superior a las normas ni a los intereses del Estado, en conclusión, el problema no es el pago, sino los contratos, el costo es que las obras se quedaran detenidas, pero no puede seguirse con un negocio obscuro.