La Contraloría General de Cuentas es un órgano de control de los organismos del Estado, cuya función principal es la de ser la institución fiscalizadora de los ingresos y egresos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que por disposición legal reciba fondos del Estado y colectas públicas.
La Contraloría General de Cuentas debe velar por la calidad del gasto público en todo momento y la optimización de los recursos asignados a las distintas instituciones estatales, en un ambiente de transparencia y credibilidad, esto bajo la realización de exámenes de operaciones y transacciones financieras y administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral de los organismos, instituciones, entidades y demás personas.
La máxima autoridad es el Contralor General de Cuentas, quien es electo por el Congreso de la Republica para un periodo de cuatro años, según la Constitución Política de la Republica, tiene la responsabilidad de dirigir la institución bajo principios de transparencia, objetividad, independencia e imparcialidad y está sometido a la Constitución Política de la Republica y demás leyes de nuestro país. El Contralor General de Cuentas actuara a través de los auditores gubernamentales en la fiscalización de los fondos públicos, quienes son independientes en las auditorias.
Los auditores gubernamentales son los que realizan el trabajo de campo en las auditorias y tiene la facultad de plantear acciones correctivas consistentes en Denuncias, Formulación de Cargos y Sanciones administrativas.
La Denuncia se da cuando en el ejercicio del cargo público el funcionario público a cometido un delito en contra de la administración pública y que amerita ponerlo en conocimiento ante el Ministerio Publico, este delito puede ser por acción (hacer algo prohibido) u omisión (dejar de hacer algo que obliga la ley), puede ser doloso (con intención) o culposo (sin intención) en algunos casos.
La Formulación de Cargos como acción correctiva se da cuando en el proceso de auditoria se logra establecer que falta algún bien cargado al funcionario público o por descuido se efectuó algún pago demás, obligando al funcionario publico a restituir dicho bien o reembolsar el pago efectuado de más, esto mediante la presentación de una demanda ante los juzgados de cuentas respectivos.
Y la última acción correctiva es la Sanción Administrativa que impone el Auditor Gubernamental cuando el funcionario responsable no observo los procedimientos establecidos en las leyes, esta sanción es de carácter pecuniario, es decir que va directamente al patrimonio del funcionario público.
Los grandes retos del Contralor General de Cuentas es recuperar la credibilidad moral de la institución, para ello deberá crear mecanismos suficientes que le permitan actuar de manera imparcial e independiente en su cargo, debiendo trabajar muy de cerca con el Ministerio Publico, los órganos jurisdiccionales y demás instituciones comprometidas con la transparencia y en buen manejo de los fondos en el país.