La corrupción y la mafiocracia en Guatemala

La palabra o concepto de MAFIA nació a nivel mundial en la región de Sicilia, Italia, y se refiere al crimen organizado. Posteriormente se utiliza en Chicago, EUA, para calificar a las bandas de Al Capone y, desde fines del siglo pasado, en América Latina en forma ampliada, se utiliza como MAFIOCRACIA por Pino Solana en Argentina para definir, en 1990, al gobierno de Carlos Menem entonces presidente de aquel país, para destacar la corrupción gubernamental y la forma en que la estructura del poder se retuerce y se corrompe más allá de lo legal, fomentando el enriquecimiento ilícito y aumentando la brecha entre los que lo tienen todo y quienes tienen como único patrimonio su fuerza de trabajo o su pobreza. Finalmente, como una derivación y con señalamientos directos, es Manuel López Obrador en México y aspirante por tercera vez a la presidencia para las elecciones que se realizarán el primero de julio del 2018, quien desde hace más de 12 años utiliza el término de «mafia del poder» para referirse a la colusión entre quienes ejercen el poder político y los intereses económicos y financieros  en ese país. 

Tenemos que aceptar que si nos impusiéramos la tarea de encontrar en América Latina un país libre de corrupción, difícilmente lo lograríamos. Personalmente me atrevo a asegurar que en unos más, en otros menos, pero en todos la corrupción está presente; en nuestro caso cabe destacar que de la corrupción no solo participa el sector público, también participa parte del sector privado y en tal sentido, Guatemala es el mejor ejemplo, el típico ejemplo de que  cuando se colude el poder político con empresarios del sector privado se llega a la “honrosa categoría” de país mafiocrático: de acuerdo con la definición de mafiocracia, eso es lo que experimentamos en Guatemala. El cochinero destapado con las manifestaciones y denuncias de 2015, que siguen en crisis y tienen en prisión nada menos que al expresidente y exvicepresidenta (máximas autoridades en el país), otros altos funcionarios y empresarios, como otros muchos sujetos a proceso, son un botón de muestra de que lo que ha existido y existe en Guatemala es una mafiocracia enraizada. En esta apreciación, no puede excluirse a ninguno de los tres poderes del Estado, pues son parte importante de la banda de corruptos y corruptores del Gobierno y del sector empresarial. En tal apreciación, cabe aclarar que en ningún momento se está generalizando (sería un error metodológico), pues en esto, como en todo, existen particularidades y honrosas excepciones. 

Si bien el concepto de mafiocracia data de fines del siglo pasado, la corrupción y la mafia llegan a nuestros pueblos haca más de 500 años con los españoles y portugueses con la ocupación territorial que se conoce como descubrimiento de América. En nuestro caso llegó dirigida por Pedro de Alvarado, y maleantes responsables del genocidio contra nuestras primeras civilizaciones; nos trajeron, además de otros muchos males, la corrupción, la sífilis, muchas enfermedades físicas y sociales, pero también las ratas: roedores de nuestras riquezas y de los que aún quedan muchos descendientes que se siguen enriqueciendo a costa de nuestros impuestos y el patrimonio nacional. En nuestro caso, gracias al papel e investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público, la sociedad por fin ha reaccionado para pasar del conformismo a la denuncia y la movilización social, para luchar contra la corrupción y la mafiocracia que se ha apoderado del poder; para luchar contra delincuentes corruptos y corruptores que creen que Guatemala les pertenece, y con la mayor desvergüenza pretenden seguir enriqueciéndose sin importarles la pobreza y extrema pobreza que sigue sin ser atendida por y con la complacencia de todos los cómplices que lo permiten, y habrán de estar esperando que la justicia los alcance para hacer compañía a quienes por estas razones, están donde merecen estar.