Nunca antes había importado o interesado tanto la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, como en esta ocasión. Nunca antes, el jefe de dicha institución había tenido tanta relevancia y protagonismo debido al trabajo tesonero, peleando a brazo partido y en buena lid, contra las mafias gubernamentales y del crimen organizado, por supuesto gracias al apoyo de organismos internacionales y países verdaderamente amigos. Todos sabemos que, sin la presencia de la Cicig en el país, no se hubiera avanzado tanto en la investigación criminal.
Se presentaron a la convocatoria para dirigir los destinos del MP 39 candidatos, sin embargo, hasta hoy, la comisión postuladora excluyó a 14 personas, debido a problemas en la presentación o integración de sus expedientes, esto representa el 36 % del total de aspirantes.
¿Por qué a nosotros los ciudadanos de a pie, no nos debería importar si el candidato fulano, mengano o perencejo tiene uno, dos o más doctorados; tampoco si tiene una, dos o más maestrías? Pues simple, la cárcel VIP –Mariscal Zavala– está llena de doctores, maestros, militares de más alto rango y no digamos licenciados. Personas que escatimaron pudor y pundonor con tal de conseguir sus más aviesos intereses, es decir, no tuvieron la suficiente moral para enfrentar la avaricia, lo fácil, lo cómodo, lo rápido.
Dentro de los 25 candidatos hay siete personas que actualmente están trabajando en el MP y tres extrabajadores de dicha institución, es decir, 10 personas tienen conocimiento de las funciones de la institución –investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales–. Además, ocho personas que trabajan o trabajaron en la Corte Suprema de Justicia.
Como estamos hablando de MORAL, pues debemos ser HONESTOS –uno de los valores de la moral–, apelamos –ya que no podemos exigir– a la comisión postuladora a arroparse de los valores morales –amor, agradecimiento, respeto, bondad, dignidad, honestidad, humildad, lealtad, responsabilidad, prudencia, libertad, entre otros– para seleccionar a las seis personas, y así el señor presidente de la República elegir en su momento.
Estamos seguros que, si la comisión postuladora se arropa de los valores morales, pues obviamente, las seis personas a seleccionar tendrían o deberían tener los mismos valores morales; en ese orden de ideas, por sentido común, de las 25 personas que pasaron el primer filtro, hay tres que definitivamente no deberían estar dentro de las seis personas finales, me refiero a los señores Acisclo Valladares Molina, Érick Álvarez y Roberto Molina Barreto.
Mi aseveración la fundo en los siguientes criterios: Acisclo Valladares Molina, para los que ya tenemos algunos años, recordamos el caso de las hermanitas Matos. Así mismo, la negociación o venta de Guatel a Telmex, cuando él –Acisclo Valladares Molina– era Procurador General de la Nación, dejo el siguiente link para mayor información: https://www.facebook.com/notes/jorge-lemus/cr%C3%B3nica-de-un-despojo-respuesta-para-acisclo-valladares-urruela/1830077737322895/
Érick Álvarez, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, viajó a Brasil haciéndose acompañar de su secretaria –haciéndose pasar como traductora, español/portugués–, en dicha travesura –coloquialmente hablando– gastó casi 130,000 quetzales, dinero de los impuestos de la ciudadanía.
Roberto Molina Barreto, dos o tres veces magistrado de la Corte de Constitucionalidad, algunos lo nombran como el magistrado del nepotismo, por sus influencias, sus hijos –cuatro y un yerno– laboran en distintas dependencias gubernamentales. Según investigaciones realizadas por un medio periodístico –https://nomada.gt/el-presidente-de-la-corte-recibio-fondos-de-vestex-y-voto-a-su-favor/– el señor Molina Barreto recibió dinero a cambio de favores.
Pregunto: ¿Acaso estas personas son analfabetas en el derecho? Sin embargo, sí lo son en principios y valores.
La ética es un estilo de vida, es una regla de vida para el ejercicio del derecho, es una necesidad social.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.