En los últimos días, debido del cambio de autoridades en varias dependencias del Estado, así como a innumerables denuncias ciudadanas, se está dando a conocer por diferentes medios de comunicación y en redes sociales el abuso que ha existido en el Estado al utilizar la figura del arrendamiento como una manera de mal utilizar los fondos públicos.
Como es de conocimiento público y se ha venido evidenciado desde hace años, no se están arrendando solamente bienes inmuebles, sino, la ola de los arrendamientos empezó a abarcar equipo de computación, equipo médico, tecnología, equipo de oficina como fotocopiadoras, impresoras, y parqueos, entre muchos otros bienes y servicios que están contratados bajo esta modalidad.
El problema de fondo es que de esta manera se está desfalcando al Estado y se actuó en detrimento de los recursos públicos, porque en su mayoría los dueños de las empresas que arrienda son fachada, pero los verdaderos dueños son personas que han creado toda una red de corrupción para tener a su disposición el ingreso de dinero aprovechando que los titulares de las instituciones se prestaron a no ejecutar el presupuesto con calidad del gasto, ya que es totalmente mejor adquirir los bienes que arrendarlos.
Otro de los problemas de fondo, es que en su mayoría estos arrendamientos se realizaron retorciendo la Ley de Contrataciones del Estado, mal utilizando el fraccionamiento y en la mayoría de los casos el precio del arrendamiento está sobrevalorado.
Por tales razones, las instituciones que utilizan esta modalidad, no están ejecutando su presupuesto priorizando las necesidades de la población ni buscando cumplir con su fin último, sino por el contrario, están destinando una gran parte de su presupuesto a funcionamiento y no a inversión, desperdiciando la oportunidad de fortalecer a las instituciones.