En los primeros semestres de la universidad se nos enseña lo relativo a la Constitución Política de la República, es decir, básicamente qué es Constitución y su estructura constitucional.
El DLE define la palabra Constitución como: Acción y efecto de constituir o constituirse. Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.
Reitero, su estructura constitucional contempla un preámbulo, una parte dogmática –derechos fundamentales procesales y sustantivos- y una parte orgánica –creación de los poderes constituidos-; utilizando palabras sencillas y no rebuscadas, debemos entender que, la constitución política es la ley superior, es la que está encima de todas las demás leyes, los ciudadanos que viven dentro de la circunscripción geográfica del Estado de Guatemala, debemos y tenemos la obligación de someternos al imperio de la ley superior -La Constitución Política- y todo aquel que no obedece, transgrede o que haga lo contrario a lo establecido en esa Ley Superior, simple y sencillamente la está violando, está actuando inconstitucionalmente.
Dicen los especialistas en Derecho Constitucional –rama del derecho, encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado-, que los fallos de la Corte de Constitucionalidad no se discuten, se obedecen; ahora bien, de que la Corte de Constitucionalidad se ha politizado o ha emitido fallos, resoluciones y sentencias que han favorecido a la cooptación del Estado, es otro cantar.
Es imperativo no olvidar que los máximos violadores de la Carta Magna –Constitución Política de la República de Guatemala- a mi entender han sido los mismos que han ostentado el poder público, personas que la ciudadanía con su voto, depositó en ellos, la confianza de hacer bien las cosas, sin embargo, han hecho todo lo contrario, he aquí, algunos personajes que pasarán a la historia, que con sus actos cometieron inconstitucionalidades del tamaño del Volcán de Fuego: Jimmy Morales y su equipo de gobierno –vicepresidente de la República, Ministra de Relaciones Exteriores, Procurador de la Nación, Ministro de Gobernación- por manifestar abierta y públicamente su desacato a lo dicho por la CC en relación a la entrada al país del Sr. Iván Velásquez, jefe de la Cicig.
El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, al no remunerar al personal bajo su cargo –médicos, enfermeras, médicos externos, etc.- con un salario justo, digno y equitativo acorde a sus capacidades técnicas e intelectuales, incluso, hay personal que no es remunerado con el Salario Mínimo, menos con el goce de las prestaciones laborales, ni seguro social. Ah, pero, el Ministerio de Trabajo sale con la espada desenvainada para exigir, castigar y multar a los propietarios de la micro-empresa que no pagan el salario mínimo a sus trabajadores, ¡qué tremenda injusticia e hipocresía gubernamental!
El gobierno de Jimmy Morales y la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, al reducir el presupuesto de la única universidad pública –USAC-. Desde hace muchos años, la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, no recibe el 5% del presupuesto general de Ingresos Ordinarios del Estado –Artículo 84 Constitucional-, sin duda alguna, la educación superior le importa un pepino al presidente más nefasto que hemos tenido en la historia. De que la USAC no ha rendido cuentas del dinero que ha recibido, eso también es otra historia, siempre lo he dicho, uno de los pilares de la corrupción del país, lo conforma la Contraloría General de Cuentas por no asumir su papel de fiscalizador, y para variar, desde el 13 de octubre del presente año, el Estado no tiene Contralor General de Cuentas.
El Ministro de Finanzas Públicas y la Comisión de Finanzas del Congreso, por aprobar un presupuesto desfinanciado, procurando con ello, más endeudamiento y obviamente más corrupción e impunidad.
El Gobernador de Totonicapán no sabe quién es el encargado de darle mantenimiento a los semáforos instalados en Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán, mientras todos hacemos micos y pericos para pasar a pie o en vehículo esa intersección vial.
Estimado lector, mientras los principales funcionarios violan constante y flagrantemente la Constitución Política de la República, el diputado Juan Ramón Lau, hace unos días presentó una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad porque según él, la ex fiscal Thelma Aldana, no debería recibir seguridad personal de parte del MP si no del Ministerio de Gobernación; pregunto, ¿en este gobierno corrupto cuál es la diferencia en que el pago la haga el MP o el MINGOB?
Los diputados corruptos ocupados y llamando la atención en cosas triviales, deberían estar ocupados en velar por la seguridad, salud y educación de la población, como mínimo.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.