El Estado rebasado por la corrupción y la delincuencia

La corrupción y la delincuencia en Guatemala han llegado a su límite. Hasta en las comunidades más apartadas y marginales, la corrupción y la delincuencia están arraigadas, y siguen imponiéndose frente a la ineficiencia de los organismos encargados de controlar este flagelo que está alcanzando consecuencias que van desde estercolero de la corrupción hasta pequeños, medianos robos y el sacrificio de vidas humanas; las extorsiones de pequeños comerciantes y grandes empresas, como el caso de la compañía Telefónica que cobró la vida de cuatro trabajadores, y ha originado la alarma y preocupación del sector empresarial, que con legítimo derecho exige al Estado que cumpla con la obligación de proteger la vida y el patrimonio de los guatemaltecos; que ya no sigan con la política de oídos sordos y ceguera intencional, que es lo que contribuye a que corruptos, corruptores, ladrones y delincuentes, sigan rebasando al Estado, sacrificando vidas humanas, la seguridad y tranquilidad de la población en Guatemala.

La corrupción y la delincuencia están posicionándose sobre un trípode conformado por los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tres poderes que están totalmente rebasados por la corrupción y la delincuencia, y cuyo ejercicio administrativo no hace sino confirmar esta percepción. El Ejecutivo y su presidente con expresiones ridículas, y otros protagonismos totalmente alejados de la realidad; su ingenuidad y protagonismo, hacen suponer que los guatemaltecos somos tontos o nos dan atole con el dedo: la megalomanía y el maquillaje de la obra pública (bacheo de carreteras y otros), presentada como algo grande, la venganza por los ilícitos del hijo, hermano y él mismo, y la pretensión de expulsar al jefe de la Cicig (que motivó la condena mundial, nacional y ninguna opinión en su favor), entre muchas otras acciones y muchos de los desaciertos de su equipo y colaboradores, son solo un botón de muestra en tal sentido.

Por su parte, al Legislativo habrá que preguntarle: ¿en qué lugar encontramos lo positivo del ejercicio legislativo y la calidad de la técnica parlamentaria? La insensata y perversa intención de pretender modificar el Código Penal para proteger a los corruptos, impedir el bien fundamentado desafuero del presidente y la última propuesta de favorecer con amnistía a los responsables de las masacres de la lucha armada, entre muchos de sus desaciertos, confirman los intereses que representan y los retrata de cuerpo entero. En cuanto al organismo Judicial, basta con conocer el informe de la Human Rights Watch, que lo desnuda al denunciar el triste papel que siguen jugando los organismos judiciales en sus distintos niveles, donde, hechas las honrosas  excepciones, no ocultan los excesos de tolerancia al seguir permitiendo que corruptos y delincuentes, por medio de sus abogados con subterfugios jurídicos, abusen de recursos y otras  acciones que no hacen sino retrasar abusivamente los tiempos en los procesos judiciales, con la tolerancia de las autoridades que lo permiten, pues esta estrategia legaloide, contribuye a entorpecer el orden y aplicación de la justicia, favoreciendo así a corruptos, ladrones, delincuentes y malandrines en general.

Es mucho, lo que se podría agregar para entender por qué la ciudadanía ha perdido la fe y la confianza en el marco institucional del Estado. Si se ha perdido la fe y la confianza, no perdamos la esperanza. La esperanza para Guatemala radica en la vigilancia, la denuncia, la presión y movilización social, que a partir de 2015, y después frente a los atropellos que pretendieron consumar 107 diputados, ha demostrado y puede demostrar que pesa más la voz del pueblo, que la mafia de los arquitectos de la corrupción y la delincuencia que tienen sometida a la estructura del poder y del Estado en Guatemala.