La forma en que se ha manejado el caso del desastre por el volcán de Fuego está provocando descontento, lo cual podría agravar más la situación».
Para comprender la dimensión de lo ocurrido en la zona de desastre por la actividad volcánica reciente en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, es necesario el contacto directo con la realidad.
Lo más trágico de este acontecimiento ha sido el deceso de más de cien personas y la desaparición de más de un ciento más, la desolación de áreas pobladas que prácticamente han desaparecido y el dolor de los sobrevivientes, al haber perdido a sus familiares. Pero para la población guatemalteca que se ha volcado a apoyar la causa también es lamentable la situación actual de incertidumbre, derivada sobre todo de dos factores, la desorganización interinstitucional y la desconfianza en las instituciones del Estado.
Primero, porque, aunque cada uno ha hecho un esfuerzo por contribuir, no existe una entidad que canalice toda la ayuda, y menos que garantice y compruebe que se entregue a quienes en realidad lo necesitan. Eso lleva a la mayoría a buscar la forma de proporcionar lo recaudado directamente a los damnificados, lo cual supone un esfuerzo mayor, pero se encuentran con la triste realidad de que en centros de acopio hay una gran cantidad de productos apilados.
Surgen entonces varias interrogantes, ¿a quiénes se entrega la ayuda? ¿Quiénes son realmente los damnificados? ¿Cómo se distribuyen los víveres? ¿Quién está a cargo de este tema? En este punto influye otro factor, que es la desinformación, y es donde cada persona debe tener el criterio para diferenciar información falsa de la que está comprobada.
Sin embargo, entregar el apoyo en manos de quienes más lo necesitan no es tan fácil, porque los protocolos que las autoridades dicen tener establecidos lo hacen más complicado. Es comprensible que se establezcan procesos, pero cuando estos no son claros y generan desorden en lugar de evitarlo, se llega a pensar que existe desorganización y aprovechamiento.
Esto aumenta la desconfianza en el Gobierno y en cómo se está manejando la mitigación de las necesidades después del desastre, en un momento en que, en lugar de propiciar el caos, las autoridades tendrían que solucionar los problemas para generar confianza y mejorar incluso la salud emocional y mental de la población.