El candidato presidencial de FCN-Nación, Estuardo Ernesto Galdámez, entre los señalados. Foto redes sociales
Implicados en el caso denominado “Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado”, un mecanismo de la compra de votos y voluntades desde el Congreso.
Hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio
Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentan
ocho solicitudes de antejuicio en contra del ministro de Economía Acisclo
Valladares Urruela, y siete diputados del Congreso de la República de
Guatemala, por la posible comisión de hechos ilícitos que acontecieron entre 2012
y 2015.
Entre los señalados está el candidato presidencial del
oficialismo FCN-Nación, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez.
HALLAZGOS
Según el informe del MP, la investigación inició por una
información recibida sobre la posible compra de votos en el Legislativo para la
aprobación de determinadas leyes. Al indagar sobre algunos indicios obtenidos,
se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de
funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano, al
supeditar las funciones legislativas a directrices del Poder Ejecutivo a cambio
de una promesa de pago o una dádiva.
De esta manera los diputados de la bancada Patriota recibían
y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta,
Ingrid Roxana Baldetti Elías, en reuniones sostenidas horas antes de las
sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como
legisladores, respondiendo así a intereses individuales, partidistas y hasta
empresariales.
En labores conjuntas de la FECI y la CICIG se adelantaron
diligencias que permitieron recabar y analizar información de diversas
instituciones, incluidas el Congreso de la República de Guatemala, la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad (SAAS), el Registro Mercantil, así como otras
entidades privadas que permitieron llegar a las conclusiones de la
investigación.
De los hallazgos de la investigación se derivó que la
promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado,
dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de
confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti, de manos de los altos
directivos de la empresa de telecomunicaciones, TIGO, Acisclo Valladares
Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén, en la oficina principal de dicha
entidad.
Desde la Vicepresidencia, el dinero era repartido través de
algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de
línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del
dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las
champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que
emanaban de Ingrid Roxana Baldetti Elías. Esta forma de operar se dio desde que
inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar determinados paquetes
de leyes.
Debido a este modus operandi de la estructura criminal, en
cuanto al manejo en efectivo del dinero prometido como dádiva, se cuenta con
una serie de declaraciones testimoniales (incluyendo la de un exdiputado del
Partido Patriota y “jefe de línea”) que ponen de manifiesto la ruta y
repartición del dinero, las cuales fueron corroboradas mediante actos de
análisis y de verificación policial.
Asimismo, la subordinación del Poder Legislativo a la
Vicepresidencia se evidenció a través de numerosas comunicaciones obtenidas a
raíz de extracciones de dispositivos celulares o correos electrónicos, que
coinciden a su vez por testimonios de personas que declararon ante juez en
anticipo de prueba.
Producto de estos pactos, y de esa supeditación del Poder
Legislativo a las órdenes del Poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones
en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el 8 de abril de 2014 se
aprobó el Decreto 12-2014 “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en
Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para
Transmisión de Datos”. Dicha ley fue producto de negociaciones entre los
empresarios y la Vicepresidenta, siendo su versión final impuesta para su aprobación
sin cambios por parte de los diputados, resultando la entidad comercial TIGO la
más beneficiada por la entrada en vigor de esa normativa.
CONCLUSIONES
Según el MP, se trata de la vulneración del principio
republicano de separación de poderes:
Uno de los principios republicanos fundamentales es la
separación de poderes. La Constitución de la República de Guatemala prohíbe la
subordinación entre ellos.
La investigación determinó que, las acciones realizadas por
la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y
algunos de los diputados del Congreso de la República de la
legislatura 2012-2016, supeditaron la potestad legislativa a los intereses de
la Vicepresidencia y otros actores
privados, a cambio de una promesa de
dádiva/ soborno, pervirtiendo así la independencia de poderes y el fin de las
instituciones.
Los diputados que impulsaron determinadas leyes y votos en
el Congreso, a cambio de recibir una dádiva, incumplieron con su mandato
constitucional de ser representantes del pueblo y dignatarios de la Nación.
VULNERAN IGUALDAD
La entidad comercial TIGO, por medio del Decreto
12-2014, obtuvo beneficios para sus
intereses comerciales, según la investigación.
Para ello se valió de mecanismos espurios como el pago de
dádiva/soborno a varios diputados del
Congreso de Guatemala, por medio de la entonces Vicepresidenta Roxana Baldetti.
Así, la entidad TIGO se colocó en ventaja competitiva,
obtenida de forma desigual respecto a
los competidores de su misma línea de negocios.
Los pactos,
viabilizados por el soborno, supeditaron el Poder Legislativo a las
órdenes del Poder Ejecutivo, con esa perversión de origen se tomaron diversas
decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes. Estas acciones incluyeron el
nombramiento de funcionarios de primer nivel en instituciones claves para el
país como la Contraloría de Cuentas o las Cortes del país.
La actuación de agentes privados en contubernio con
funcionarios públicos (diputados y exvicepresidenta) convirtieron al Organismo
Legislativo en un tramitador de intereses corruptos. Al punto que los
legisladores ni siquiera leían las iniciativas de Ley que proponían, pero que
su trámite les significaría un beneficio (soborno).
SOLICITUDES DE
ANTEJUICIO
Hoy se presentaron solicitudes de antejuicio en contra de
las siguientes personas:
Acisclo Valladares Urruela (Ministro de
Economía): asociación ilícita, cohecho activo.
Estuardo Ernesto Galdámez Juárez (diputado y
candidato presidencial de FCN-Nación, partido gobernante): Asociación Ilícita,
violación a la Constitución, cohecho pasivo,
lavado de dinero u otros activos.
Juan José Porras Castillo (diputado): Asociación
ilícita, violación a la Constitución,
cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro
(diputada): asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo,
lavado de dinero u otros activos.
Marco Antonio Orozco Arriola (diputado):
Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de
dinero u otros activos.
Boris Roberto España Cáceres (diputado):
Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de
dinero u otros activos.
Haroldo Eric Quej Chen (diputado): Asociación
ilícita, violación a la Constitución,
cohecho pasivo.
Gustavo Adolfo Medrano Osorio (diputado):
Asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
SIN ORDEN DE CAPTURA
“No obstante, hoy se están presentando únicamente los
antejuicios en contra de los funcionarios que participaron en las posibles
actividades ilícitas, y no se procedió a solicitar citación y/o captura de los
exfuncionarios involucrados en los mismos señalamientos que ya no gozan de
inmunidad. Ello, debido a que aún se encuentra en impugnación la decisión de la
Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente que resolvió con lugar la recusación promovida por
los representantes de la empresa TIGO en contra de la juez del Juzgado Noveno
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente”,
señala el MP.
Añade el ente investigador, “es importante resaltar que la
Sala de Apelaciones resolvió que no se probó la causal de recusación; sin
embargo por sanidad procesal, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Décimo
de Primera Instancia Penal a cargo del Juez Víctor Manuel Cruz Rivera”..
“Los representantes de la empresa de telecomunicaciones han
realizado numerosas peticiones como si fuesen sujetos procesales. No obstante
mediante acción constitucional de amparo promovida contra las diligencias de
allanamiento realizadas en noviembre de 2017 a las oficinas de la entidad, el
Tribunal constitucional únicamente les
reconoció su calidad de interesados. Es decir, que sin tener la calidad de
sujeto procesal, han promovido una serie de impugnaciones, así como tres
denuncias penales contra fiscales del caso, incluso, han requerido la
separación del personal de la FECI del proceso”, detalla el MP.
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Hasta 12 salarios mínimos por maltrato animal en Guatemala
Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de esta ley no solo implica evitar sanciones, sino asumir una responsabilidad ética y social en la protección de los animales.
Cuidar a los animales es responsabilidad de todos.
La Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada mediante el Decreto 5-2017 del Congreso de la República, establece sanciones económicas para quienes incurran en actos de maltrato, crueldad o negligencia hacia los animales. Las multas oscilan entre cuatro y doce salarios mínimos mensuales, según la gravedad de la infracción y la circunscripción económica vigente.
Esta normativa tiene como objetivo principal prevenir el sufrimiento animal y promover la tenencia responsable. La entidad encargada de velar por su cumplimiento es la Unidad de Bienestar Animal (UBA), adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que también recibe denuncias y da seguimiento a los casos.
Clasificación de infracciones
Graves: Permitir perros sin supervisión, venta no autorizada, comercialización a menores, falta de bienestar básico.
Muy graves: Crueldad con daño, crianza no autorizada, mutilaciones estéticas, trabajos excesivos, abandono.
Gravísimas: Cirugías no autorizadas, peleas o espectáculos violentos, muerte con sufrimiento prolongado, envenenamiento, zoofilia.
Sanciones en el departamento de Guatemala
Grave: esta sanción es de cuatro salarios mínimos, es decir, Q13 mil 638.92.
Muy grave: ocho salarios mínimos, correspondientes a Q27 mil 277.84.
Gravísima: 12 Salarios mínimos, es decir, Q40 mil 916.76.
Sanciones en los otros departamentos (incluido Quetzaltenango)
Grave: cuatro salarios mínimos, es decir, Q12 mil 884.40.
Muy grave: corresponde a ocho salarios mínimos, equivalentes a Q25 mil 768.80.
Gravísima: 12 salarios mínimos, que son Q38 mil 653.20.
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Según las bases, participan únicamente mayores de 18 años, residentes en Guatemala. El premio no es canjeable por efectivo y deberá ser recogido personalmente en Quetzaltenango, presentando DPI vigente. Perfiles falsos o que incumplan la dinámica serán descalificados.
La Voz de Xela recuerda que esta promoción no es patrocinada y forma parte de un obsequio directo a su comunidad digital. Con solo 15 días por delante, la invitación está abierta para no quedarse fuera de esta oportunidad.
Llaman a tener prudencia al transitar por el sector afectado.
Una triple colisión vehicular se registró en la carretera que conecta el paso a desnivel de Salcajá con el sector de Quinta Olga, en Quetzaltenango, generando complicaciones significativas en la circulación durante varias horas.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), en el percance estuvieron involucrados tres vehículos, los cuales resultaron con daños materiales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.
El accidente provoca una fuerte carga vehicular en el tramo que conduce de Quinta Olga hacia Salcajá, afectando también a conductores que se dirigen hacia San Cristóbal Totonicapán y comunidades aledañas.
Agentes de la PNC permanecen en el lugar para regular la circulación y coordinar el retiro de los vehículos involucrados, con el objetivo de restablecer el flujo vial lo antes posible.
Esta mañana, un mototaxi y una pipa se vieron involucrados en un fuerte accidente en el kilómetro 141 de la CA-2 en San Antonio Suchitepéquez.
El piloto del mototaxi falleció en el lugar; su identidad aún no ha sido confirmada.
Según reportaron los Bomberos Voluntarios, el cuerpo del conductor quedó sobre la cinta asfáltica tras el impacto.
Dos pasajeros resultaron heridos de gravedad: Merlin Nolasco, de 23 años, sufrió fracturas expuestas en la pierna y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que otro hombre también fue trasladado con lesiones graves.
Imágenes del accidente muestran la magnitud del choque, con el mototaxi completamente destruido.
El hecho ocurre este viernes 16 de enero por la mañana.
Este viernes, tres personas resultan heridas en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 210 de la autopista de Salcajá, en dirección a Quetzaltenango.
Bomberos Municipales Departamentales de Salcajá informan que el percance se produjo tras la colisión entre un vehículo liviano y un camión.
Los socorristas trasladaron a los heridos a la Emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO) para recibir atención médica.
El reciente sábado 10 de enero, otro accidente involucró a dos vehículos en el mismo tramo de la carretera, lo que evidencia la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en la autopista.
Bernardo Arévalo anuncia obra vial en carretera de Xela a La Esperanza
Arévalo no detalla el tipo de infraestructura que se edificará en este punto, por lo que no se ha confirmado si se tratará de un puente o un paso a desnivel.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, durante su reciente presentación de Informe de Segundo Año de Gobierno.
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, anuncia la ejecución de seis nuevos proyectos de infraestructura que se desarrollarán en distintos puntos del país, como parte de un plan orientado a modernizar la red vial y promover el desarrollo económico y social de Guatemala.
Durante el anuncio en redes sociales, el mandatario informa que uno de los proyectos se realizará en Quetzaltenango y consistirá en una obra de construcción para la distribución vial en el kilómetro 204 de la Ruta Nacional 1, tramo que conecta la ciudad de Xela con el municipio de La Esperanza, específicamente en el sector de la colonia El Maestro.
No obstante, entre vecinos y sectores locales existe la expectativa de que la obra pueda ser un paso a desnivel, debido al alto flujo vehicular que se registra en esa área.
En su mensaje, el presidente habla sobre la importancia de estos proyectos para el país. “Con estos seis importantes proyectos vamos a modernizar la infraestructura de Guatemala. Estamos encaminando el desarrollo, crecimiento económico y bienestar para el pueblo digno”, expresa.
Además del proyecto anunciado para Quetzaltenango, las otras obras de infraestructura se ejecutarán en Ciudad de Guatemala, Sololá, Suchitepéquez, Sacatepéquez y El Progreso.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los plazos de ejecución ni el alcance específico de cada proyecto, información que se espera sea ampliada en los próximos días.
Policías logran recuperar el camión lleno de productos.
Delincuentes interceptaron a un piloto de camión que transportaba productos de la canasta básica en la carretera de Xecanxavox, San Cristóbal Totonicapán, con dirección a Salcajá.
Los malhechores sometieron al conductor utilizando otro vehículo y abordaron el camión con la carga.
Elementos de DIPRONA, quienes notaron irregularidades en el tránsito, realizaron una persecución contra los delincuentes.
Durante la huida, los responsables del acto delictivo abandonaron al piloto en la autopista de Los Altos.
La Policía Nacional Civil recuperó el camión con su respectiva carga. El piloto afectado interpuso la denuncia correspondiente, mientras que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Totonicapán, realizó el levantamiento de indicios.
Basilio Puac en Torre de Tribunales. Fotografía: Edy Zeta
Autoridades comunitarias y líderes indígenas de San Cristóbal Totonicapán se pronunciaron públicamente tras la captura de Basilio Bernardo Puac García, ocurrida el miércoles 14 de enero, hecho que ha generado preocupación y rechazo en distintas comunidades del departamento.
A través de un comunicado oficial, la Junta Directiva de Alcaldes Comunales y el Consejo Consultivo de las 14 comunidades y Cocodes de San Cristóbal Totonicapán condenaron la detención de Puac, quien se desempeñó como vicepresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones durante el período 2023.
Las autoridades comunitarias señalaron que la captura forma parte de un proceso de criminalización y persecución contra líderes indígenas y autoridades ancestrales.
En el pronunciamiento, los dirigentes resaltaron que el mandato de las autoridades comunitarias es legítimo y emana de las asambleas, por lo que las decisiones que se toman responden a procesos colectivos y no individuales.
Asimismo, recordaron que el sistema de organización de los pueblos indígenas está respaldado por leyes nacionales, convenios internacionales y, principalmente, por estructuras ancestrales.
Las autoridades reiteraron que los operativos de control continuarán en distintos puntos del departamento.
Durante un operativo de seguridad e identificación, agentes de la Comisaría 73 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Victoriano “N”, de 46 años, por conducir una motocicleta con reporte de robo en Chimaltenango.
La detención se realizó en el kilómetro 52 de la ruta vieja a El Tejar, en la zona 6 del departamento, donde los agentes interceptaron al individuo mientras manejaba la motocicleta M-024FBN, marca Bajaj.
Agentes de la comisaría 73, reportan que en el kilómetro 52 de la ruta vieja a El Tejar, zona 6 de Chimaltenango, capturaron a Victoriano “N”, de 46 años, por ser sorprendido manejando la motocicleta M-024FBN, robada el 9 de enero del 2023#ProtegerYServirpic.twitter.com/ZdV2uG0yw7
Según el informe policial, la motocicleta fue sustraída por individuos armados en un sector del municipio de El Tejar.
Tras su captura, Victoriano “N” fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá enfrentar cargos por el delito de encubrimiento propio.
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