Antes, durante y después del día de la segunda vuelta electoral en Guatemala, habrá un despliegue de 43 mil agentes de la Policía Nacional Civil, pero todos los ciudadanos tenemos el compromiso de velar por la seguridad electoral.
El primer llamado es a evitar provocaciones y confrontaciones, según Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación; sin embargo, también es un compromiso denunciar cualquiera de los siguientes delitos electorales:
– Coacción contra la libertad política: impedir que otra persona vote mediante violencia o amenazas. La pena es de seis meses a tres años de prisión.
– Falsedad material con agravante electoral: falsificar un documento de identificación, lo cual conlleva una sanción de dos a seis años de cárcel.
– Falsedad ideológica con agravante electoral: cuando una persona se empadrona y miente sobre el lugar donde habita de manera continua, por un período no menor de seis meses. La pena es de dos a seis años de prisión.
– Uso de documentos falsificados: votar con un Documento Personal de Identificación falso (DPI). La pena es de dos a seis años de cárcel, pero se incrementará cuando se cometa con fines electorales.
– Uso ilegítimo de documento de identificación: votar con un DPI de otra persona o prestar el propio para el mismo fin. La sanción es de uno a tres años de cárcel.
– Turbación del acto eleccionario: turbar o impedir actividades relacionadas con la votación, utilizando la violencia, intimidación y amenazas. La sanción es de dos a ocho años de prisión.