La “Comisión de Economía y Comercio Exterior”, integrada por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza —UNE—, Compromiso Renovación y Orden —CREO— y otros del Congreso, en colaboración con Fundesa, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, presentan la iniciativa 5431.
Una de las razones para impulsar la iniciativa de ley es que la infraestructura vial genera riqueza, empleo y mejores condiciones de vida. Disminuir los costo de transporte, mejorar la infraestructura vial, etc.
Lo positivo de la iniciativa es la creación de la Superintendencia de Infraestructura Vial —Sivial—una institución que recibirá los recursos del presupuesto general del Estado, y los recursos destinados por el impuesto a la distribución del petróleo y derivados del petróleo. Además, destina el 10 % de la inversión para la mejora de la infraestructura en los municipios con un nivel bajo de desarrollo humano. Debe establecerse un plan nacional de infraestructura vial con una proyección de 30 años, la que debe revisarse a cada cinco años. Para la construcción de proyectos debe consultarse a los pueblos indígenas por los medios apropiados.
Lo negativo de la iniciativa se resume en que plantea el mecanismo de entregar, en concesión, a la Sivial la infraestructura vial, por la cual los usuarios deben pagar “peaje”, pudiendo incluso ser la autoridad vial quien deba pagar ese peaje, para que no sean los usuarios.
Acá debemos de ser muy críticos a esta iniciativa 5431, primero porque el dinero que se recauda producto del impuesto a la distribución del petróleo, o sea los Q 4.60 por un galón de combustible regular, Q 4.70 por súper y Q 1.30 por diésel, serán trasladados a la Sivial; con ese dinero se construye la infraestructura y luego, además de pagar el impuesto antes dicho, y el de circulación de vehículos, el usuario debe pagar peaje. Esto contradice uno de los objetivos de la ley, que dice: “reducir los costos de transporte y logística”. Esto es falso, porque serán prácticamente tres tributos los que vamos a pagar, y en todos los casos el transportista los traslada al consumidor final.
Otro elemento importante en la creación de la Sivial, y que en estos momentos es negativo, es el nombramiento de los directores, porque recae la responsabilidad en la Presidencia de la República, persona que ha demostrado un alto espíritu de corrupción. ¿Confiaría usted en las decisiones presidenciales?
Ahora bien, este modelo de concesión ya existe en el país. La autopista Palín-Escuintla está en manos de una empresa mexicana desde hace 20 años. Durante ese periodo, según artículos de prensa, la empresa recaudó “un mil millones trescientos mil quetzales”; de estos trasladó a las arcas del Estado “trece millones” equivalentes al 1 %. Es cierto, solo recibió Q 13 millones. Bueno, y en el entorno de este proyecto han existido una serie de rumores, entre ellos que la familia Arzú es accionista de la empresa mexicana. ¿Quiénes de los diputados y funcionarios, como el presidente, quieren copiar el modelo de la familia Arzú?
Es difícil creer que las intenciones de los diputados sean buenas. Me temo que será un tercer impuesto el que vamos a resultar pagando. Y las ganancias serán para los funcionarios corruptos, que de esos abundan en nuestro país.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.