Por Walter Valdemar Poroj Sacor
La propuesta de presupuesto de ingresos y egresos para el año 2021 presentado por el Ejecutivo al Legislativo para su discusión y aprobación antes del 30 de noviembre 2020 asciende a la cantidad de Q. 99 mil 700 millones de Quetzales, por encima de los 91 mil 704 millones de Quetzales aprobados en el año 2020, sin considerar la ampliación presupuestaria de abril, por el tema de la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID 19. Estos son los techos presupuestarios asignados a cada uno de los ministerios, secretarias y depencias del estado:
Esta propuesta de presupuesto sería financiada de la siguiente manera:
Sin embargo, es preocupante que esta propuesta de presupuesto tenga una serie de errores económicos y financieros que ponen entre dicho la realidad y calidad de su formulación con el objetivo de generar una política económica monetaria estable, ya que se pretende financiar con más deuda afectando la estabilidad y sostenibilidad financiera del país a corto y mediano plazo.
Otro punto a considerar y cuestionar, es creer románticamente que se lograra la recaudación fiscal proyectada para 2021 la cual es equivalente al 10% del PIB, pero sin mejorar la carga tributaria, habría que considerar además que según los expertos se proyecta para el año 2020 un déficit fiscal del 5.7 y para el año 2021 un déficit fiscal del 4.9, lo cual pone en riesgo nuevamente el estado de deuda para cumplir con la totalidad de egresos proyectados; con esta propuesta de presupuesto en dos años de gobierno del presidente Giammatte la deuda pública se incrementara, justificada por la atención de la pandemia del COVID y la supuesta recuperación económica, acompañado del poco interés político en garantizar transparencia en la administración pública y la calidad del gasto.
El Gobierno ha propuesto en este plan presupuestario asignar más recursos a los proyectos de reactivación económica como la infraestructura y a los programas sociales; sin embargo, no se puede pasar por alto que la mayor parte de ese dinero servirá para pagar deuda y para el pago de salarios del Estado equivalentes a Q62.8 millardos (fuente, CIEN).
Ante la complejidad económica y financiera del país es necesario que el gobierno asuma la responsabilidad fiscal, retomar la inversión pública, pero con proyectos en los que sea tangible la calidad y rentabilidad social. Además, se debe eliminar la práctica de utilizar el endeudamiento público para financiar el gasto de funcionamiento (pago de salarios), para lo que es necesaria la regular los pactos colectivos que absorben una mayor parte de los recursos.
La conclusión, es que el presupuesto presentado por el ejecutivo para el 2021 y de ser aprobado por el legislativo continuara siendo igual, que los que se aprobaron en años anteriores, un presupuesto desbalanceado entre la relación de ingresos y gastos, pues los ingresos proyectados (ingresos tributarios) únicamente financiaran el 61.5% de los gastos totales programados incluido un déficit fiscal proyectado del 4.9, el resto será cubierto por un endeudamiento millonario, además, hay que considerar que el endeudamiento no es una solución factible pues el mismo resulta insostenible, genera pérdida de confianza, cierre de mercados, riesgos de incumplimiento en sus obligaciones e inestabilidad macroeconómica.
Finalmente, haciendo un análisis comparativo y asumiendo que el gobierno de Guatemala fuera considerado como una empresa individual o social, el presupuesto de sus ingresos proyectados no tendrían la capacidad de cubrir sus gastos proyectados, un alto porcentaje de sus gastos se aplicarían al pago de sueldos y salarios, ejecutaría poca inversión y desarrollo social, acudiría a prestamos externos para cumplir con sus compromisos de deuda acumulada y presente, sus resultados económicos financieros serían de perdida y con un alto nivel de riesgo financiero sobre sus activos, pues el apalancamiento financiero externo seria inmanejable lo que llevaría a la quiebra y desaparición organizacional.