El día de ayer en el país se dieron una serie de bloqueos en carreteras importantes por parte de un grupos de asociaciones de militares veteranos que exigen un resarcimiento que realmente fue una promesa de campaña del actual gobierno que se pretendía hacer efectiva por medio de aprobar la iniciativa de ley 5664, que aprueba la ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno.
La Policía Nacional Civil reporto dentro de las novedades de los bloqueos realizados la captura de una persona que formó parte de dicho movimiento por portar un arman de fuego de grueso calibre sin la autorización correspondiente, ¿esto deja muchas más dudas de lo que realmente es este movimiento, quien los impulsa? ¿Quién los financia?, y cual es el verdadero objetivo de los videos y del resarcimiento?
¿Cómo es posible que una persona de 26 años esté reclamando una compensación por haber participado en el conflicto armado interno si esta persona nació en el año en que se firmó la paz que fue en 1996?, es ilógico e imposible que esta persona haya formado parte de las fuerzas armadas, éste es solo un ejemplo de las irregularidades que existen en todo este movimiento que lo único que pretende es pagar o comprar votos para determinados actores políticos.
Además de lo anterior, seguridad ni prueba que respaldo a cada uno de los miembros de las fuerzas armadas que exigen el resarcimiento, en donde se pueda dar fe de que éstas personas no cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil, estudiantes, campesinos u otros sectores, por lo que es imposible e impensable que se pueda aprobar un pago aún sabiendo que muchos de los que están en esos listados son responsables de la desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales.
Muchos de los que están pidiendo ese pago eran niños en el tiempo del conflicto armando, si bien es cierto que el ejercitó implementó el sistema de servicio militar obligatorio llevándose a niños de 12 años para arriba, no es creíble que un niño de 5 años haya prestado servicio militar, y en todo caso es imposible que el Ministerio de la Defensa le extienda un certificado de la prestación de ese servicio ya que en todo caso es ilegal.
Las finanzas de Guatemala están en mal estado, existe un despilfarro de recursos públicos en muchos de los presupuestos institucionales, especialmente para el presupuesto del 2023 que será un año electoral y se pretende financiar las campañas de los partidos políticos tradicionales con el dinero público. Es por ello que aprobar el pago de un resarcimiento para de Q120,000 para más de cien mil personas que supuestamente pertenecieron a las fuerzas armadas en el periodo antes indicado es totalmente un detrimento a los intereses del Estado. Además, es un gasto innecesario que no aporta nada en desarrollo del país ni de los sectores más vulnerables.