Uso de la Fuerza Pública
Desde hace varios días en el Congreso de la República de Guatemala se viene discutiendo la iniciativa de Ley 6076 para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, diversos sectores han mostrado su oposición a esta iniciativa, principalmente porque el ejercito y la Policía Nacional Civil no son lo mismo.
Recordemos que desde que se firmaron los acuerdos de paz, se puso fin a más de 36 años del conflicto armado interno, se incluyó un capítulo sobre el papel del ejército en una sociedad democrática, lo que implicaba una serie de reformas sobre las fuerzas armadas de Guatemala.
Inicialmente se dieron algunos avances, sacando al ejército de las calles, eliminando el servicio militar obligatorio y reduciendo en parte el gasto militar, entre otros cambios, sin embargo, no se dio una verdadera transformación ni reconversión militar, actualmente otra vez se están destinando millones de quetzales al Ministerio de la Defensa. En los acuerdos de paz también se delegó a la Policía Nacional Civil la seguridad ciudadana.
Actualmente en Guatemala existe una crisis generalizada de inseguridad y de ingobernabilidad, una combinación peligrosa, por un lado, el Estado, y todas sus instituciones están actuando de manera prepotente, no objetiva y respondiendo a favorecer a un solo sector de la población, y por otro lado la ciudadanía se siente insegura, desprotegida, y acechada por el crimen organizado.
Lo anterior hace creer que teniendo al ejército en las calles proporcionará mayor seguridad contra las extorciones, hurtos, secuestros y muertes violentas, pero, esa no es la solución porque la formación militar es para combatir, para enfrentar y para resguardar las fronteras del país, y la formación de la Policía Nacional Civil es para resguardar, proteger y brindar seguridad a la población civil.
Además de lo anterior, en la iniciativa de Ley que se esta discutiendo en el Congreso de la República de Guatemala, se pretende incluir a la Secretaría de Asuntos administrativos y de Seguridad -SAAS- y a la Dirección General del Sistema Penitenciario -DGSP-, ambas entidades no tienen nada que ver son seguridad ciudadana razón por la cual no deben estar incluidas en una propuesta para reforzar la seguridad pública.
La entidad Policial, el ejército, la SAAS y la DGSP tienen sus propias normas las cuales están totalmente claras y delimitan las funciones de cada institución, no es necesaria la ley que se pretende otorgar medios de presión, ataque y represión a instituciones que no tienen relación con la ciudadanía ni con la seguridad pública.
En todo caso si es necesario que se fortalezca a la Policía Nacional Civil para que tenga independencia administrativa, mejores condiciones de trabajo, independencia de funciones para que pueda investigar de mejor manera estructuras delictivas si que exista fuga de información u ordenes ilegales que deban cumplir, lo cual traería mucho mas provecho a la población que una ley para reprimir las manifestaciones sociales.
