Urge un pacto fiscal
En los últimos días de manera sorprendente el CACIF planteo un amparo en contra de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT por haber cobrado los impuestos en esta época de crisis. El hecho sorprendió a muchos, por varias razones. La élite empresaria guatemalteca está apoyando la gestión del Presidente Giammattei, por lo que ir en contra del manejo de la recaudación tributaria es ir contra la gestión del gobierno.
Este acto como tal debe ser considerado desde diversas ópticas y no como un hecho aislado. El alto empresariado del país ha venido desde años atrás solicitando una baja e incluso una eliminación de los impuestos que afectan a sus empresas. El ataque ha sido directo al Impuesto Sobre la Renta –ISR-, la propuesta es que se incremente los porcentajes al Impuesto al Valor Agregado –IVA-. En palabras sencillas las pocas grandes empresas que pagan impuesto sobre la renta, como el caso de los bancos, ya no tributen o tributen un porcentaje menor. Estas empresas se suman a las que están inscritas en el régimen de Incentivos a la Exportación y de maquila, que no pagan ISR y les devuelven el IVA.
Los señores empresarios quieren cumplir el viejo adagio “rio revuelto, ganancia de pescadores”, y es que ellos tienen todo a su favor, controlan el gobierno, el congreso y las cortes. Así qué no debe sorprendernos estas acciones.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – ICEFI- esta crisis está proponiendo la realización de un “Pacto Fiscal”. Esto no es nuevo. A finales del siglo XX e inicios del XXI se realizó uno de los pocos ejercicios democráticos que se ha llevado a la practica en Guatemala, el “Pacto Fiscal”. Participaron muchos sectores, estaba integrada en su momento la mayoría de fuerzas vivas y representantes de muchos sectores de la sociedad civil, sin embargo, fue un fracaso.
En el año 2000 los representantes del pueblo guatemalteco firmaron el pacto que se basó en los siguientes principios: a) Balance Fiscal, b) Ingresos del Estado, c) Administración Tributaria, d) Gasto Publico, e) Deuda Publica, f) Patrimonio Público, g) Evaluación y Control, h) Descentralización Fiscal.
De todo lo anterior, el gobierno y los grupos de poder pusieron especial atención a un solo elemento. La “Carga Tributaria”. La meta era llegar a una recaudación del 12% del Producto Interno Bruto. Todo lo demás, quedo en el olvido, lo peor es que no se cumplió con este único factor de referencia del “Pacto Fiscal”.
Ahora con la crisis las élites empresariales, el gobierno, los diputados, las iglesias, las universidades y el resto de la sociedad civil deberán retomar las mesas de dialogo les guste o no. La economía guatemalteca se verá seriamente afectada, esto no conviene a nadie. Las empresas de todo tipo disminuirán sus ventas debido a que la población no tendrá recursos para gastar, lo que irremediablemente llevará a una disminución de ingresos al fisco lo que obligará a disminuir el gasto público.
No se trata de disminuir impuestos, tampoco de aumentarlos, el pacto debe ser integral. Deben participar todos los sectores del país dejando intereses particulares y anteponiendo el bien común. Las élites empresariales deben estar dispuestas a sacrificar algo de las ganancias obtenidas en los últimos veinte años, que han sido de vacas gordas para afrontar los años de vacas flacas. El gobierno debe estar dispuesto a ser fiscalizado, constituir una comisión internacional para la transparencia del uso de los recursos públicos, debe ser internacional porque la contraloría perdió total credibilidad. La sociedad en general, los más sacrificados en dos décadas, deberá tomar conciencia que las decisiones del gobierno tarde o temprano le afectan, como está sucediendo hoy, y ser responsable en la delegación de poder al momento de las elecciones.
No hay más, este es el momento para una discusión abierta, el escenario en esta adversidad es el perfecto para una “Pacto Fiscal”.
