Unos en la pena y los diputados en la pepena

El miércoles dieciocho de noviembre  amaneció el país inundado, producto de la tormenta Iota, cuyos daños a viviendas, carreteras, caminos, puentes, cultivos son devastadores.  La fuerza de la naturaleza castigo nuevamente a miles de guatemaltecos, con más potencia que el huracán Eta.  Entre ambos se encargaron de recordarnos lo pequeño que somos en la tierra y el universo.

Pero el desastre de mayores proporciones se gestaba en el hemiciclo parlamentario.  Los diputados oficialistas (125, como creció el número, no es así, los múltiples colores de banderas de los partidos políticos, responden a un solo interés, el del poder económico, y es en estos eventos, en donde se demuestra que en las elecciones nos engañan con muchos candidatos, en  un solo interés) se preparaban para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021.

Sigilosamente, en la oscuridad, con una rapidez impresionante, nunca antes vista, de emergencia, laboriosamente trabajaron más de diez horas, con un solo objetivo, preparar el terreno para obtener extraordinarios beneficios económicos para el próximo año.  En plena crisis sanitaria, con indicadores de pobreza por arriba del 60%, desnutrición crónica de 1 de cada 5 niños, superior en el área rural y comunidades alejadas, los representantes del pueblo se recetan benéficos, en el proyecto de presupuesto.

El presupuesto asciende a Q99 mil 700 millones de quetzales.  El problema no es el monto, es el destino.  Agradeceríamos que en este documento se hubiera hecho conciencia y disminuir rubros que no le aportan nada al país, como por ejemplo: a) El sueldo del presidente guatemalteco, el más alto de américa, por arriba de países como México, Bolivia, Venezuela; b) El presupuesto de la SAAS, institución que el Sr. Giammattei ofreció disolver; c) El gasto millonario del Centro de Gobierno, en donde la pareja sentimental del presidente trabaja; d) La salida del país del Parlacen, y por ende el ahorro de Q13 millones.  En plena crisis, lógico debió ser la austeridad.

Ninguno de estos ofrecimientos fueron incluidos en el presupuesto aprobado, por el contrario se incrementó el gasto en el Congreso  en Q154.6 millones, destinados a la compra de un edificio, adquisición de una flotilla de vehículos nuevos y alimentación para los pobres congresistas.

El daño es de proporciones apocalípticas, más de Q26 mil millones en deuda, sumado a los Q30 mil millones en 2020, la deuda de nuestro hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos se incrementó en un 40%.

La venganza de los diputados se hizo evidente en este presupuesto, ante la imposibilidad de callar a la Procuraduría de los Derechos Humanos, le disminuyen el presupuesto en Q20 millones.   También se castiga el presupuesto del Organismo Judicial, para que no se procese a sus amigos delincuentes de cuello blanco.  En educación se incluye Q300 millones para un seguro, que nadie usa, que no es parte de la pertinencia cultural de nuestros pueblos.

Como si el daño fuera poco, el Organismo Ejecutivo se niega a entregar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que constitucionalmente le corresponde, el 5% sobre los ingresos ordinarios, o sea Q3 mil 150 millones de quetzales, según la recaudación proyectada, a cambio de ello le ofrecen Q2,mil 200, o sea el 66%.

Al actual gobierno no le importan los Derechos Humanos, la Justicia, la Educación primaria y secundaria, la Salud, mucho menos la Educación Superior, pilares importantes para el desarrollo social de un país.