La Corte de Constitucionalidad no debería ser una institución dónde se imparte justicia a sabor y antojo de ningún grupo económico menos ideológico, su función debe ser esencialmente la defensa del orden constitucional.
El artículo 269 de la CPRG, indica claramente cómo debe estar integrada la Corte de Constitucionalidad, el tiempo que deben durar en sus funciones y la forma en que deben ser designados sus magistrados. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario y por último el Colegio de Abogados –sic-, son las instituciones “privilegiadas” que designan un magistrado titular y un suplente. Mientras que, en el artículo 270 están plasmados los requisitos para optar a ese cargo, es decir, ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado, ser de reconocida HORABILIDAD y por último tener por lo menos quince años de graduación profesional. Sin lugar a dudas, en este proceso de selección en todas las instituciones que tienen el “privilegio” de designar, las personas electas tienen serios señalamientos de no ser HONORABLES para ocupar ese puesto. El CSU, designó a la señora Gloria Porras y Rony López respectivamente, no hay que olvidar que, en ese preciso día de elección, fue girada orden de captura contra el Rector de la USAC, se encontraba sentadito muy cómodo, y en un parpadeo apareció en un sanatorio privado, muy “delicado de salud”. La señora Gloria Porras definitivamente no es honorable, sus resoluciones como magistrada de la CC han sido a favor de políticos corruptos de la UNE, por ejemplo, Sandra Torres y Orlando Blanco. Cómo no olvidar aquel diciembre de 2019 cuando ella prohibió al MP seguir con la investigación sobre financiamiento ilícito y no registrado.
Uno de los pilares de la corrupción –CANG- designó a Néster Vásquez y Claudia Paniagua respectivamente. Néster Vasquéz fue mencionado en la investigación del caso Comisiones Paralelas, cuando fue candidato a la CSJ, y para variar, recibió la bendición de Roberto López Villatoro, alias el rey del tenis.
Otro antro, el Congreso de la República designó a Dina Ochoa y Luis Rosales, quien no se acuerda de la señora Ochoa, en tiempos de la toda poderosa CICIG fue nombrada juez de la impunidad, eso lo dice todo. El señor Luis Rosales es vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, sus actos demuestran que es aliado del bloque oficialista, es decir, recibe ordenes de UCN, Valor, FCN-NACION, Viva, PC y Humanista, fue diputado del 2000-2004 representando al FRG, defendió a Ríos Montt por el caso de genocidio. Así las cosas, estamos fritos.
El Organismo Judicial, es otra historia. Los actuales magistrados están jugando tiempo extra en ese organismo. Ellos debieron haber entregado el cargo en octubre de 2019. Sin embargo, designaron a Roberto Molina Barreto y Walter Jiménez. Molina Barreto, tiene serios señalamientos de actos corruptos, por ejemplo, voto a favor de Alvaro Colom para que no se le investigara por el caso Transurbano, votó a favor de mantener antejuicio a Otto Pérez Molina y votó a favor para anular la sentencia contra Ríos Montt. ¿Entonces, este susodicho velará por el orden Constitucional?
Por último, don Giammattei con su terquedad hepática, nombró a Leyla Lemus y Juan José Samayoa, no sin antes protagonizar un altercado con el vicepresidente de la República, porque este último le dijo en su cara que el proceso de selección de magistrado, fue poco transparente y que dejará de manipular al gabinete ministerial. Leyla Lemus, también fue señalada por la CICIG de obstruir la investigación por el caso Pavo Real, donde justamente fue involucrado Giammattei.
Yo diría que, el proceso para designar a magistrados de la Corte de Constitucionalidad no fue poco transparente, fue turbio, mediocre y tenebroso. Qué Dios nos ayude.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.