La semana pasada tomó relevancia el desabastecimiento de medicamentos y equipo en varios de los hospitales del sistema de salud pública a cargo del Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala -MSPAS-, recién se inició un ejercicio presupuestario con varios millones destinados destinadas a salud, lo que no se refleja en la realidad de los hospitales.
En realidad el Estado ha permanecido ciego e indolente ante la necesidad que se vive día a día en los hospitales, y pareciera que poco a poco la población se ha ido anestesiando y se ha tomado como normal que en los hospitales públicos no se cuente con medicamentos y que las condiciones sean precarias, falta de insumos básicos, no se cuenta ni siquiera con tarjeas, hojas, lapiceros, medios para pruebas de sangre, agujas, entre otros lo mínimo para desarrollar un trabajo como debe ser.
Todo esto no es un problema aislado o que responda a factores locales como la Ley de Contrataciones del Estado o periódicos como la pandemia del Covid-19, o que se deba a la incapacidad de quienes dirigen el -MSPAS- para ejecutar un presupuesto; si vemos el problema desde otra perspectiva ¿a quien favorece tener un sistema estatal de salud en quiebra e incapaz de cubrir las demandas de los ciudadanos?
La respuesta aparece por lógica, por un lado, los beneficiados son las grandes corporaciones que prestan servicios privados de salud en donde si tienen todos los medicamentos, todo el equipo, todos los aparatos de última generación para tratamientos, solo que para ello debe pagarse un alto precio al que no todos los guatemaltecos tienen acceso. Pero, también por otro lado los grandes beneficiados son las casas médicas y proveedores de equipos que mantienen sus productos a costos altos en la venta al público porque al no haber medicamentos en los hospitales públicos las personas se ven en la necesidad de adquirir los medicamentos en farmacias y droguerías al precio que sea.
Como lo expuso la Doctora ayer en el Congreso de la República de Guatemala, en los hospitales públicos no hay ni siquiera un medicamento básico para tratar a pacientes diabéticos cuyo precio en farmacias es de Q20.00; pero el paciente fallece porque la familia no gana ni ese monto por un día de trabajo, menos van a tener para comprar medicinas; no faltan pocos medicamentos faltan muchos medicamentos básicos o antibióticos que debería de haber siempre.
Seguía exponiendo que cuando hay que dar la cara para decirles a los familiares que su paciente murió por falta de medicamento no lo hace el ministro, no lo hace el congreso, no lo hace el presidente, les toca hacerlo a los doctores, asumiendo un problema que realmente no es de ellos. El mega negocio es para las empresas privadas de salud y de medicamentos, pero el Estado a propósito colabora para que el sistema de salud publica esté en quiebra y favorecer al sector privado que se enriquece con la necesidad.