La dirección de crédito público del Ministerio de Finanzas Públicas es la encargada de asegurar la eficiente programación, utilización, y control de los medios de financiamiento (prestamos) que obtenga el Estado de Guatemala, ésta dependencia fue objeto de una auditoria de desempeño por parte de la Contraloría General de Cuentas por un periodo que abarcó 10 años.
Uno de los préstamos que tuvo deficiente ejecución es el de “Mi escuela Progresa”, obtenido en 2009 por $150 millones, de los cuales se desembolsaron $30 millones ejecutados de 2009 a 2012, y por tener disponibles los fondos no desembolsados se pagaron intereses y comisiones por Q34 millones; lo poco que se ejecuto fue para gastos administrativos cuando entre los objetivos se menciona: 250 aulas de preprimaria, reparar infraestructura y mobiliario en 200 escuelas, 870 escuelas con bibliotecas bilingües, 130 redes escolares en el área rural entre otros objetivos importantes.
Otros prestamos que no lograron el objetivo fueron: BCIE Franja Transversal del Norte, BCIE ruta CA-2 oriente, BNDES ruta CA-2 occidente y BCIE Ampliación 4 carriles ruta CA-2 Occidente todos por $882 millones, por los cuales al 31 de diciembre de 2017 se han pagado Q933 millones por intereses y comisiones, además los contratos quedaron sin efecto por existir serios problemas con los contratistas y en la adjudicación a nivel nacional e internacional.
El último préstamo al que me referiré es al No. 1994 BCIE Franja Transversal del Norte por $203 millones de dólares para la Construcción y conservación del proyecto Franja Transversal del Norte, el cual debía iniciar en Livingston y terminar en Nentón Huehuetenango. Al 31 de diciembre de 2017 habían pasado 10 años y ni siquiera se había concluido el diseño final del proyecto, tampoco se tenían los documentos ni expediente donde constara el derecho de vía para la ampliación y conservación del proyecto, además el Estado de Guatemala había pagado la cantidad de Q475 millones en intereses y comisiones por un proyecto que no cumple los requisitos principales como el diseño, carecía de estudio de impacto ambiental, existen tramos en donde no se ha construido nada y en conclusión no existe certeza de si se podrá concluir el proyecto.
Ninguno de los prestamos cumplió los principios de eficiencia, economía y eficacia, además no cumplieron los objetivos para los cuales fueron gestionados, el informe del ente fiscalizador solo sancionó a los ex ministros de educación y ex directores de caminos, pero, ésta situación amerita una auditoría financiera y de cumplimiento más profunda así como la actuación del Ministerio Público para establecer responsables de las unidades ejecutoras y del Ministerio de Finanzas por haber causado lesividad a los intereses del Estado ya ese monto pagado en intereses y comisiones que suma Q1442 millones se pudo invertir en infraestructura que realmente fuera útil para la población que tanto lo necesita.
Esto es una muestra del mal manejo que existe en Guatemala de los préstamos y que finalmente resultamos pagando todos con nuestros impuestos sin obtener beneficios para la población, razón por la cual debemos estar atentos exigir que los préstamos que se hicieron para la emergencia del Covid-19 cumplan su cometido para no repetir la historia.