Un primer avance sería lograr que los gobernadores fueran electos soberanamente por el pueblo”.
¿Dónde están las fallas o las razones de que los gobernadores sean disfuncionales y necios?
Hay varias, pero mencionaré las que considero estructurales:
La primera, tiene que tiene que ver con las calidades que se exigen para optar al cargo de gobernador, y que están establecidas en el artículo 227 de nuestra Constitución Política. Este artículo prescribe que para ser nombrado por el presidente de la República como gobernador, deberá reunirse las mismas calidades que un ministro de Estado, y haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado.
Las calidades que deben reunirse se enumeran el artículo 196 de la Constitución y son: ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años. Por simple inspección, se puede observar que hay un problema muy serio, porque con esas mínimas calidades cualquiera puede ocupar el cargo, hasta un analfabeto. ¡Ese es el espíritu de la democracia! Dirá alguien, sin embargo, la evidencia histórica nos indica que no funciona colocar personas con escaso currículo, porque los departamentos no han mejorado en cuanto a seguridad ni desarrollo. En el caso concreto del departamento de Quetzaltenango, han ocupado el cargo personas que sí reúnen las calidades que exige la ley, pero sin contar con las habilidades y competencias necesarias que se requieren para ejercer con eficacia, eficiencia y efectividad los procesos que implica la administración pública departamental.
Con clientelismo y nepotismo, nuestro departamento no tendrá futuro; también, en este ámbito territorial se requiere de personas con visión de estadista. Estamos viviendo una era de cambios sensibles como resultado de la revolución digital, un mundo globalizado, donde las exigencias en materia de desarrollo no son las mismas que las del siglo pasado, lo que significa que el cargo de gobernador no es para cualquiera.
La segunda de las razones se relaciona con lo que se establece en el inciso k) del artículo 10 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y que tiene que ver con la propuesta de las ternas de candidatos a gobernador titular y suplente, para que el presidente haga el respectivo nombramiento. El problema estriba en que hay grupitos y personas individuales que han utilizado este artículo para proponer a sus allegados, y son los que se han arrogado la representación de la sociedad civil, pero igualmente actúan en función de sus intereses y no de esa sociedad que dicen representar. Los resultados están a la vista, y el peor lo adolecemos con el gobernador actual, que resultó aumentado en incapacidad respecto a la gobernadora anterior.
Hay entonces dos grandes fallas, una es el bajo perfil que la ley exige para ser gobernador, y la más relevante, que el gobernador siga siendo nombrado por el presidente ya sea directamente (a dedo) o por medio de las ternas que le proponen quienes “nos representan” como sociedad civil. La calidad de las gobernaciones podría mejorarse si se exige un perfil idóneo a los aspirantes a gobernador y mejor aún, que sea electo popularmente, obviamente, ello implica reformas a la Constitución, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley del Organismo Ejecutivo y Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Hay que pensarlo, para que en el futuro de mediano y largo plazo los gobernadores se constituyan como funcionarios de Estado que impulsan el desarrollo de sus departamentos, y que los hoy gobernadores, que solo se sirven del cargo para sus intereses personales y clientelares, sean solo un mal recuerdo. Esos cambios no son rápidos ni sencillos, por lo que en el próximo periodo de gobierno, el proceso de nombramiento de gobernadores se llevará a cabo con los mismos vicios, pero, si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas de diferente manera. Un primer avance sería lograr que los gobernadores fueran electos soberanamente por el pueblo. ¿Qué opina usted amable ciudadano lector?
Administrador público, economista, politólogo, abogado y notario, y profesor universitario.