Si se evalúa el trabajo de los últimos cinco gobernadores de Quetzaltenango, definitivamente ha sido mediocre e intrascendente”.
Para la mayoría de ciudadanos de este país ya no es un secreto, que estamos enfrentado una de las peores crisis en la administración pública, particularmente en el gobierno central, que en más de dos años y medio no toma rumbo en cuanto a sus deberes establecidos en la ley y los propios de la acción política. Esa crisis y sus consecuencias se evidencian en varios indicadores, como el escaso crecimiento de la economía, baja ejecución presupuestaria, aumento de la inseguridad ciudadana, resistencia a atacar la corrupción, por mencionar algunos.
Una buena parte de esos efectos negativos los sentimos en los departamentos, porque siendo los gobernadores los representantes del presidente de la República, pues es obvio que reproducen en el ámbito departamental la testarudez y necedad que han caracterizado a la cabeza del Ejecutivo.
Para el caso específico del departamento de Quetzaltenango, si la memoria no nos falla a los que aquí habitamos, en los años que lleva el siglo XXI no hemos tenido un solo gobernador o gobernadora que haya hecho historia con un trabajo de trascendencia en el tiempo. ¿A qué me refiero con un trabajo trascendente? Pues nada del otro mundo, sencillamente cumplir y hacer cumplir lo que la ley establece en cuanto a sus deberes.
Para los gobernadores de nuestro país, sus obligaciones están plasmadas en los artículos 227 y 228 de nuestra Constitución Política, 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo, 7 y 9 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Si se revisa este cuerpo legal, se comprende que los gobernadores son funcionarios que tienen el deber de dirigir y coordinar la administración del departamento, ser los gestores y promotores del desarrollo en el sentido amplio de su jurisdicción territorial. En el artículo 227 constitucional se establece que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador, pero, ¿qué significa eso?, pues ello quiere decir, que como gobierno departamental debe formular y ejecutar políticas que impulsen a su departamento hacia niveles superiores de desarrollo. Eso es el principal deber de un gobernador como presidente del Consejo Departamental de Desarrollo.
Si se evalúa el trabajo de los últimos cinco gobernadores de Quetzaltenango, definitivamente ha sido mediocre e intrascendente. Ni siquiera lo mínimo han podido llevar a cabo, como propiciar un clima de seguridad, que es lo que tradicionalmente se espera de un gobernador. Si no han podido con deberes mínimos, qué puede esperarse en cuanto al desarrollo, si no entienden ni el significado e importancia del concepto, que es esencial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento. El interés por acceder a la Gobernación, claro está, no es el desarrollo del departamento, la evidencia apunta a que es el beneficio personal.
Los gobernadores tienen legalmente establecidas sus atribuciones, pero en ninguna parte dice que una de ellas sea realizar viajes de paseo sin relación alguna con su trabajo como funcionario público, ni que su principal tarea se concrete a actos protocolarios en los que se exalta por los aduladores el culto a la personalidad, a la usanza de sistemas dictatoriales o autoritarios.
Ante la inefectividad en que están operando actualmente las gobernaciones, como la de Quetzaltenango, con sus resultados microscópicos, lejos de ser instituciones en las que la población confía, solo son una carga para el erario público.
¿Dónde está la falla o la razón de que los gobernadores sean disfuncionales y necios? De eso hablaremos en la segunda parte.
Administrador público, economista, politólogo, abogado y notario, y profesor universitario.