¿Por qué auditorías light para algunas instituciones y para otras no?

La semana pasada, algunos equipos de auditoría de la Contraloría General de Cuentas fueron sorprendidos con la notificación de memorándum por medio del cual se les hace saber que el tiempo para realizar las auditorías financieras y de cumplimiento correspondientes al año 2020 tiene un recorte de 2 meses y que deberán estar discutiendo hallazgos en marzo lo que significa según el calendario que deben terminar las auditorías en la primera quincena del mes de febrero.

Según las normas ISSAI.GT, en el memorándum de planificación cada equipo de auditoría establece su cronograma de trabajo y proyecta el tiempo que utilizara para realizar auditoría de cumplimiento y financiera, dicha planificación y programación es firmada por cada equipo de auditoria con la aprobación del supervisor y del conocimiento de los directores de auditoría.

Las auditorías del año 2020 iniciaron en septiembre del año pasado, es decir cuando el ejercicio aún no había terminado; en los meses de octubre noviembre y diciembre se realiza la evaluación y auditoría del primer semestre de 2020 y el segundo semestre se audita en los meses de enero, febrero y marzo del próximo año (2021).

Curiosamente a las direcciones que tienen a cargo el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas Ministerio de Salud, y Fideicomisos entre otros, les redujeron el tiempo de auditoría, pero a las Direcciones que auditan otro tipo de instituciones no.  Éstos cambios se hicieron sin tomar en cuenta la opinión de los equipos de auditoría que son quienes son los que ejecutan el trabajo y los responsables de los resultados de las auditorías.

El problema de forma no es el cambio de fechas, el problema de fondo es que casualmente queda fuera del alcance de los equipos de auditoria auditar el segundo semestre que es en donde las instituciones ejecutan la mayor parte del presupuesto. 

En los ministerios ya mencionados se ejecutaron fondos para supuestamente contrarrestar los efectos del Covid 19, por ejemplo, el bono familia, el fondo de apoyo a las empresas, recursos que el MINFIN trasladó para el bono a personas que quedaron sin empleo, y que en teoría fueron ejecutados al 100%, y lo más importante, los fondos destinados en el Ministerio de Salud para afrontar el Covid-19, y que tienen muchos señalamientos por falta de transparencia en la ejecución.

Con el nuevo cronograma que les han impuesto a los auditores gubernamentales ya no podrán realizar verificaciones, cruces de información seguimiento a beneficiarios, entre otros procedimientos que son claves y necesarios para dictaminar sobre la ejecución presupuestaria de cualquier institución.

En auditoría una de las reglas de oro que no puede quebrantarse y burlarse es la objetividad, ya que todos los sujetos a fiscalización deben ser tratados con igualdad por principio constitucional, y deben ser medidos de la misma manera y bajo las mismas condiciones, razón por la cual quedan en el ambiente las preguntas: ¿Por qué solo para algunas instituciones existe la auditoría light y para otras no?; ¿Se acortará el tiempo también para auditar algunas municipalidades?