El artículo 35 del Decreto 12-2002, Código Municipal, establece en la literal c) que entre las atribuciones de los Concejos Municipales se encuentra: La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales.
Sin embargo, son muy contadas las municipalidades que han realizado un proceso inclusivo para instaurar políticas públicas en beneficio de la población a la que se deben, en su mayoría se toma en cuenta a los COMUDES para la viabilizarían de algunos proyectos de infraestructura.
En su mayoría los Concejos Municipales han desarrollado políticas públicas de prevención del delito coordinadas con la Unidad de Prevención del Delito del Ministerio de Gobernación, pero las acciones se han limitado meramente a capacitaciones esporádicas a algunos sectores de la población que no abarcan a toda la población vulnerable ni contempla otros ejes como las condiciones socioeconómicas a que se enfrentan los jóvenes expuestos a las pandillas u otros tipos de organizaciones criminales.
En la mayoría de las municipalidades también se encuentran instauradas oficinas de la mujer porque así se encuentra normado en el código municipal, por ejemplo, en la mayoría de las municipalidades las acciones se limitan a capacitación o cursos dirigidos a mujeres, pero no existe una política que promueva a lo interno de la estructura administrativa la equidad de género, tampoco un presupuesto para que puedan desarrollarse acciones más concretas. Además, no existe una voluntad política para prevenir, denunciar y accionar contra las denuncias de acoso en cualquiera de sus manifestaciones.
En otro aspecto, no se cuenta con políticas municipales para la niñez y adolescencia, puesto que en algunas municipalidades se cuenta con delegados de niñez y adolescencia, pero sin un presupuesto digno que permite canalizar acciones concretas, por ejemplo, podría coordinarse con la Procuraduría General de la Nación -PGN-, y otras instituciones para que se pueda denunciar y disminuir el trabajo infantil que es tan común verlo a diario en los mercados, calles, y comercios entre otros.
De ésta manera, los Concejos Municipales pueden dirigir y coordinar todas las políticas públicas que considere necesarias para mejorar la calidad de vida de la población, en otros aspectos como basura, ornato, tránsito, por mencionar algunos aspectos, porque las municipalidades cuentan con competencias propias principalmente la autonomía municipal que les permite impulsar permanentemente el desarrollo de todos los habitantes y sobre todo promover de manera permanente y sistemática, la participación organizada y voluntaria de los habitantes en los asuntos municipales.
Las municipalidades como cabeza del poder local no deben cerrarse a crear políticas públicas sin la participación y socialización de la población, deben tomar en cuenta a la sociedad civil para generar políticas publicas que a largo plazo darán sus frutos en beneficio de todos los ciudadanos.