Otra vez ejecución extrajudicial, represión y detención ilegal contra la población
Los acontecimientos desatados en Guatemala el sábado 21 de noviembre nos recuerdan los años en que la reina María Antonieta de Francia a quien la historia la recuerda como voluble, de gustos caros, rodeada de una camarilla intrigante, con fama de reaccionaria y despilfarradora, que ignoró la miseria del pueblo y que contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la Revolución Francesa; porque históricamente los gobernantes han propiciado las revoluciones llevando a sus gobernados a no soportar más las arbitrariedades, ilegalidades, impunidad y despilfarros.
En los actos de la Policía Nacional Civil el fin de semana hubo excesivo, abusivo y represivo uso de la fuerza en horas y lugares donde había una manifestación pacífica de población civil desarmada que manifestaban pidiendo transparencia, buen uso de recursos públicos, y no más endeudamiento. Como resultado murió una persona y dos perdieron un ojo debido a fracturas que sufrieron en el rostro, deteniendo y golpeando ilegalmente a inocentes (algunos no estaban manifestando sino volvían del trabajo), y se simuló el incendio de un edificio público.
Afortunadamente ya no estamos en los años 80 en donde el ejército, la policía y los grupos paramilitares aprovechando la obscuridad de la noche y con gorros pasamontañas secuestraban, mataban y detenían personas de forma ilegal; ahora ayuda la tecnología y cada vez salen a luz más pruebas que demuestran que hubo infiltrados de grupos expertos en armas en la manifestación pacífica.
El Código Penal en el artículo 132 Bis. Establece que comete el delito de ejecución extrajudicial, quién por orden, con autorización, apoyo o consentimiento de autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, además también comete el delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de consentimiento para la comisión de tales acciones. También cuando sea cometido por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza.
Esa situación fue premeditada y hubo ventaja porque se dijo que los elementos no estaban armados. Es poco probable que la policía actuara sola sin recibir órdenes porque es una entidad que respeta y obedece las jerarquías; ¿si no estaban autorizados por que no los capturaron en flagrancia ese mismo día? Por esa razón los entes encargados deben hacerse una investigación profunda e independiente con el acompañamiento de una misión internacional que garanticen la imparcialidad de los resultados.
Lamentablemente no vemos las actuaciones de la PNC contra mareros, narcotraficantes, o fiestas clandestinas en zonas exclusivas; por eso es necesario llevar ante la justicia a los responsables llegando a los mandos, inclusive llegar a quien dio la orden de atacar a civiles, de la misma manera que se procesó a quienes cometieron masacres en los años 80. Ahora más que nunca debemos seguir presionando con las manifestaciones pacíficas porque hay más razones para no seguir en este sistema represivo.
