Nuevamente se pretende limitar la libertad de expresión
La iniciativa de ley para intentar limitar la libre expresión de los ciudadanos de este país, es inconstitucional y también una estupidez porque debilita la democracia.
Universalmente, se ha reconocido la libertad de pensamiento y libertad de expresión, como derechos de todos los seres humanos, con limitaciones únicamente establecidas en la Constitución Política de la república, Ley de Emisión del Pensamiento, que es una ley de grado constitucional y en tratados internacionales.
Históricamente, en lo que concierne a la civilización occidental, los seres humanos han entablado una lucha incesante por la libertad de expresión, incluyendo las ideas religiosas. La finalidad de esa lucha, es oponerse a la acción despótica del poder público. Los griegos, romanos, europeos y la américa moderna, comprendieron la relevancia de esa conquista. La idea de la libertad corresponde a una sociedad compuesta por ciudadanos y no por súbditos. Para un sistema de gobierno republicano y democrático, poder expresarse libremente, constituye uno de sus pilares fundamentales.
En la sociedad moderna, instituciones políticas y judiciales como el estado de derecho, la independencia de jueces y tribunales, debido proceso, el amparo, habeas corpus, el examen y rectificación judicial de los actos de la administración pública, la separación del Estado e iglesia y otras más, tienen el propósito de proteger a las personas libres e iguales bajo la ley, frente a las arbitrariedades de los funcionarios públicos.
En esencia, al hablar de libertad de pensamiento, se habla del derecho que toda persona tiene a no ser perseguida, sancionada o molestada por sus pensamientos, opiniones o creencias. Esa libertad no tiene límites, porque permite incluso ideas contrarias a los principios de la democracia, como lo son ideas fascistas, totalitarias, socialistas, por ejemplo, aunque subordinadas por supuesto, a un orden público. La libertad de expresión, es un derecho de los individuos para exteriorizar el pensamiento sin temor a represalias, censura o sanciones.
¿Cómo se ha regulado la libertad de pensamiento y expresión? i. En la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, encontramos que se establece constitucionalmente: “la libertad de expresión en el Parlamento” aún vigente; ii. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1689, que proclamó la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, artículos 10 y 11;iii. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 18 y 19; iv. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), artículo 13; v. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 18, 19 y 20; vi. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 35 y; vii. El Decreto No. 9, Ley de Emisión del Pensamiento.
¿Por qué escribo otra vez sobre este tema, si recientemente, en este espacio de prensa, ya lo había abordado? La razón se debe a que un grupo de diputados, en esta semana ha presentado la iniciativa de ley número 5519, cuyo propósito es agregar dos artículos al Código Penal para agregar los delitos de “acoso político” y “violencia política”. De aprobarse tal absurdo, sería penado todo acto que se interprete como presión, persecución y hostigamiento, que afecte a quienes se postulen para un cargo, sean electos o designados y estén ejerciendo una función pública, con prisión de dos a tres años y ser inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es así, que cualquier persona que esté participando en política para ocupar un cargo o ya esté ejerciendo una función pública, si considera que alguna publicación lo está afectando sicológicamente o siente que está siendo hostigado y perseguido, puede acudir a poner su denuncia en contra del presunto transgresor.
Definitivamente, esos diputados promotores de dicha iniciativa de ley, además de ínfulas de dictadores de un Estado totalitario o funcionarios de una monarquía, adolecen de necedad y un elevado grado de estulticia, porque a todas luces, se trata de una iniciativa inconstitucional. Veamos que dice nuestra Constitución Política en su artículo 35: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.”La Ley de Emisión del Pensamiento, en su artículo 35, también establece: “No constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación.” Esta misma ley, establece cuándo se abusa de la libertad de emisión del pensamiento, en su artículo 28:“Pueden dar lugar a juicio de jurado y a sanciones, conforme a esta ley, las publicaciones en que se abuse de la libertad de emisión del pensamiento en los casos siguientes: a) Los impresos que impliquen traición a la patria; b) Los impresos que esta ley considera de carácter sedicioso; c) Los impresos que hieran a la moral; d) Los impresos en que se falta al respeto de la vida privada; y e) Los impresos que contengan calumnias o injurias graves”.Media vez no se incurra en abuso en cualquiera de estos casos, puede expresarse abiertamente el pensamiento, en especial, sobre los funcionarios públicos.
Para evitar que en el futuro se siga votando por personas ineptas para ocupar diputaciones, hay que pensar muy seriamente en reformar el artículo 162 constitucional, porque establece que para ser diputado se requiere únicamente ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Tal vez, esto sea funcional en un país donde la gente sea educada y honesta, pero, en nuestro país solamente ha servido para que muchas personas sin mayor preparación, deshonestas, impúdicas y mentecatas, lleguen a ser diputados del congreso, sin contar con conocimientos básicos para el ejercicio del trabajo de legislador. Por razones como esas, aunque nuestra constitución política establezca que nuestro sistema de gobierno es representativo, además de democrático y republicano, la experiencia ha demostrado que actúan por intereses personales y de su agrupación política. Los intereses y necesidades de sus representados o los intereses nacionales no son parte de su agenda.
Un diputado de la UNE ha dicho que los diputados que presentaron esa iniciativa de ley son unos “torpes y brutos”, yo creo que son algo peor aún, porque no es su primera metida de pata.
Es indiscutible que los integrantes actuales del congreso de la república, día a día se ganan un mayor desprecio de una parte significativa de la población, por sus decisiones espurias y majaderas, como la más reciente al reducirle el presupuesto a la universidad del Estado, es decir, la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero de este tema hablaremos en otra columna.
