Ministerio Público y Contraloría Vs. Obras incompletas y obras no recibidas
En 2019 se integró el Pacto de Buena Gobernanza en él están el sector justicia, el Ministerio Público, SAT, y la Contraloría General de Cuentas entre otras. Ayer se adhirió el ejecutivo, manifestando el interés principal en este momento en viabilizar o reactivar las obras inconclusas que a nivel nacional están varadas porque han sido objeto de delitos.
El capital que ha invertido el Estado de Guatemala en obras inconclusas es grande y está desperdiciado o tirado a la basura porque en la mayoría de casos el problema va desde las bases de contratación y deriva en malas construcciones, a esto hay que sumarle la corrupción y pago de coimas que han sido un factores determinantes para que éstas obras se adjudicaran a precios mucho más altos que su verdadero.
El problema de las obras abandonadas había estado olvidado hasta el día de hoy, pero hay que sentar precedentes ya que las instituciones sujetas a fiscalización obligatoriamente deberían de revelar en las notas a los estados financieros las obras abandonadas año con año y la sumatoria en el año actual, pero como el presupuesto nace y se muere cada año con el ciclo contable se han quedado en la gaveta.
El Ministerio Público y la Contraloría tienen ahora la oportunidad de catapultarse o sepultarse, la población por supuesto que necesita esas obras, pero no a base de impunidad, también se necesita deducir responsabilidades en las adjudicaciones sobrevaloradas, pagos realizados sin avance físico, obras abandonadas, obras de mala calidad, incluso obras inexistentes ya pagadas; y, ojala que otra vez sea una ilusión y se resulten condonando las responsabilidades y en el peor de los casos que al hacer el balance de cuentas se resulte aprobando pagar un saldo a favor de los constructores.
Además de las obras abandonadas, existe otra gran cantidad de obras que están terminadas y pagadas, pero nunca fueron recepcionada y liquidadas como lo establecen los artículos 55 y 56 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, que da un plazo de 35 días para recibir definitivamente una obra y 90 para liquidarla.
El problema es que muchas de éstas obras están en mal estado, se destruyeron o ya cumplieron su vida útil y al no haberlas recibido y liquidado no puede volverse a construir porque hay registro de construcciones en proceso. Un claro ejemplo de ello son muchas carreteras que ya no sirven y nunca fueron recibidas (ni aguantaron la vida útil para la que fueron contratadas es decir fueron de mala calidad), es por ello que las primeras obras en revisarse deben ser las del Ministerio de Comunicaciones, institución que por años ha tenido el presupuesto más alto para construir.
Es un paso bastante importante para el país si se logra que funcione la alianza entre la fiscalización y la investigación en materia de la obra gris en las instituciones públicas, para ello es necesario que tanto a auditores gubernamentales como a agentes fiscales se les den los lineamientos bien definidos y medir a todos con la misma medida para evitar que se convierta en una oportunidad para generar impunidad o corrupción.
