Gente, población, comunitarios, les paso recordando que el estado de Guatemala, tiene tres organismos -Ejecutivo, legislativo y judicial-; según la ley suprema del Estado de Guatemala -Constitución Política-, las autoridades de cada organismo deben sustituirse cada cuatro años. En los organismos ejecutivo y legislativo, sus autoridades se eligen por medio del sufragio universal, es decir, eligiendo y depositar el voto en las respectivas urnas, en esa “fiesta cívica”, es cuando los políticos -casi todos, politiqueros- ofrecen el oro y el moro con tal de llegar a ocupar el puesto de presidente, vicepresidente y diputados, también en esa “fiesta cívica”, todos o casi todos, vendemos nuestra dignidad a cambio de una lámina, bloc o bolsa de comida.
Ahora bien, en el organismo judicial -dicho sea de paso, corrompido y cooptado-, las autoridades principales la integran la Corte Suprema de Justicia -13 magistrados- como órgano superior y la Corte de Apelaciones, también conocida como tribunales o cortes de apelaciones, como órgano inferior -42 salas de apelaciones-. Este organismo del Estado tiene una particularidad para elegir a sus autoridades, además el período de funciones es de cinco años; la elección se da por medio de una Comisión postuladora y esta -Comisión Postuladora- traslada a los seleccionados o elegidos tanto titulares como suplentes al Congreso de la República para que, los “padres de la patria”, elijan a los titulares.
Estimado lector, en ese proceso de selección, elección o como usted quiera llamarle, es donde se compran y venden votos -las mismas mañas como en la elección de presidente, vicepresidente y diputados-, y quizá en este caso es más preocupante y vergonzoso, porque, los que votamos al binomio presidencial y diputados, la mayoría no sabemos leer y escribir -analfabetas-, en cambio, en este caso -organismo judicial-, todos son licenciados, muchos tienen doctorados, pero, son analfabetas en honorabilidad. El artículo 207 de la Constitución Política de Guatemala, indica que, para ser magistrado o juez, deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad. Así mismo, el artículo 113 siempre de la Constitución Política, establece muy claramente la necesidad u obligatoriedad de toda persona que quiera ser servidor público -máxime en estas altas esferas de la responsabilidad pública-, debe observarse muy cuidadosamente que el aspirante tenga idoneidad, capacidad y honradez.
En este organismo del Estado, es donde se dilucidan todos los conflictos, problemas y casos de alto impacto que se generan dentro de la sociedad, es decir, donde el guatemalteco de a pie, pone su esperanza y desea que la justicia sea pronta y cumplida, justa y equitativa, sin embargo, para los que vivimos en este lindo país, desde hace algún tiempo, la aplicación de la justicia ha sido selectiva, la ley ha sido retorcida o enderezada a favor del que tiene poder económico y político socavando el Estado de derecho por medio de prácticas corruptas y deleznables. Urge que el magistrado o juez sea honrado, respetuoso, responsable, decente, respetable, íntegro, con cualidades.
El organismo judicial está en pleno proceso de elección de sus autoridades, y la Comisión Postuladora tiene una cita con la historia -a decir verdad, el 75% de los comisionados que integran esta comisión, tienen compromisos aviesos con personas oscuras y que le han hecho mucho daño al país-, ojalá quieran hacer bien su trabajo. Si se está del lado de la honestidad, responsabilidad y con un poco de vergüenza, no deben seleccionar a personas nefastas y corruptas como Curruchiche y Mynor Moto, ambos están en la lista Engel y tienen prohibido entrar en más de 40 países, así mismo todos los candidatos que están al servicio o defienden intereses corruptos del actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, también incluido en la lista Engel.
Los valores duales del nuevo ciudadano: HONESTIDAD: ser decente, razonable y justo. HONRADEZ: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.