Después de una gestión iniciada en 1824, cuando por medio de don Joseph de Suasnávar los quetzaltecos presentaron ante la Asamblea Constituyente de las Provincias de Centroamérica las justificaciones para crear un Sexto Estado en la Federación Centroamericana, el gobierno dirigido por don Marcelo Molina y Mata inició la construcción de un país, para lo cual necesitaban de recursos financieros que permitieran prestar los servicios a los “nuevos ciudadanos”; entre esos servicios, los de salud, educación, carreteras, justicia, defensa y seguridad.
Todo ello requería de establecer impuestos, lo que molestó a los residentes en el territorio ya constituido como un Estado, y que abarcaba los actuales Departamentos de Huehuetenango, El Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Suchitepéquez y Retalhuleu, y buena parte de Chiapas y el Soconusco. La molestia causada por la “urgencia” de imponer tributos, especialmente entre los indígenas -que eran la gran mayoría- fue la verdadera razón de la caída del gobierno del Estado de los Altos, puesto que sus pobladores no concebían la lógica de esa nueva entidad: el Estado. No conocían de la racionalidad que los ladinos aducían para su creación, que realmente era por asuntos de carácter económico; en esos tiempos afectaba a los productores de la región la imposibilidad de exportar libremente, pues todo producto de comercio internacional debía pasar, pagando tributos, por el Consulado de Comercio, detentado por un pequeño grupo de aristócratas de la ciudad de Guatemala (y antes de Santiago de los Caballeros); ello fue generando un malestar de los productores occidentales contra el “poder central”, el de la Capitanía General, y más tarde de la “Nueva Guatemala de la Asunción”, una vez trasladada ésta al valle de la Ermita a partir del terremoto de Santa Marta en 1773, y constituida como la “nueva capital” en 1776.
Los campesinos indígenas, que eran cerca del 90% de los residentes del recién creado Estado de los Altos no conocían de esa problemática, pues su economía era la de subsistencia, con intercambios comerciales reducidos a pocos productos y espacios físicos limitados.
El Estado de los Altos cayó finalmente en 1840 ante la arremetida del Brigadier Rafael Carrera y Turcios, quien fuera advertido por el Cónsul inglés Chatfield de la inminente llegada de armamento que los “occidentales” habían adquirido en Inglaterra para equipar un recién organizado ejército que pudiera defender el territorio del acecho que desde su creación en 1838 sufría el Estado de los Altos de su vecina “Provincia de Guatemala”. Hoy queda, de aquella historia, únicamente una placa conmemorando el lugar (4ª Calle y 12 Avenida de la Zona 1), en que fueran fusilados los integrantes del Concejo de la Municipalidad de Quetzaltenango, encabezados por don Roberto Molina (hermano de don Marcelo) y sus colaboradores, quienes habían asumido el gobierno del Estado de los Altos inmediatamente después de que su anterior Presidente, don Marcelona Molina, abandonara el puesto.
La oposición radical al tributo ha sido causal de movilizaciones en la historia de la Región; lo constata el alzamiento contra la corona española en 1820, cuando Atanasio Tzul, más tarde declarado Rey de Totonicapán, (reinado de 29 días), se opone a la re-instauración de tributos por el Rey de España Fernando VII, después que éstos fueran suprimidos en 1811 por las Cortes de Cádiz.
Vemos pues que la oposición a la imposición de tributos se repite, especialmente cuando los impuestos pierden su racionalidad (oportunidad, justificación, temporalidad y utilización); y cuando la falta de transparencia en su utilización genera razonables sospechas de corrupción y, por tanto, son considerados como inaceptables.