Los gobiernos concluirán su período sin lograr lo que la sociedad esperaba
La experiencia nos confirma que, en un proceso electoral, es cuando se conoce la oferta de los aspirantes a un cargo de elección popular: si es que los hubiera, algunos pocos lo hacen de buena fé y una mayoría, con demagogia, falsos y hasta utópicos ofrecimientos; eso así es y será siempre y por séculum seculórum. La historia está llena de ejemplos en tal sentido y el espacio disponible, sería insuficiente para señalar a muchos que lo ilustrarían.
Basta, en todo caso, recordar algunos ofrecimientos en la pasada contienda electoral y mencionar solo a uno de los aspirantes a la presidencia, que ofrecía construir cientos de miles de viviendas y un millón de empleos. No cabe duda que muchos aspirantes, en su pretensión de alcanzar el poder, pierden el piso y hacen suya, la oferta utópica, sin tener la más mínima posibilidad de cumplir: es algo que siempre encontraremos en todo proceso electoral, aquí, y en muchos si no es que en todos los países del mundo.
En cuanto a la administración gubernamental que está por concluir su período, pues no es la excepción sino la confirmación de lo anteriormente señalado. Debo advertir que, para poder reflexionar sobre el particular, he de referirme a los tres niveles de gobierno: el nacional, el departamental y el municipal, haciendo la salvedad que el primero y tercero, son producto de un proceso electoral y el voto popular, en tanto que el segundo –gubernamental-, es una apéndice y ampliación departamental y de representación administrativa, del organismo ejecutivo que es a quien le corresponde la facultad de nombrar a los gobernadores.
Planteado el marco conceptual del tema que se aborda y tratando de ser objetivo al comparar lo que se esperaba de las distintas instituciones y dependencias que conforman los tres niveles de gobierno que las conforman durante su período y, que está por terminar, no necesitamos esforzarnos mucho para concluir en que no respondieron a lo que la sociedad esperaba de las cuatro instancias de la administración gubernamental: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el municipal pues no alcanzaron mucho de lo que ofrecieron y quedaron en deuda con la sociedad guatemalteca.
La corrupción heredada de las administraciones anteriores, no solo no desapareció, sino que, en algunos casos, para decepción socializada, se incrementó: adoptó nuevas formas de implementación; un buen ejemplo es el surgimiento del pacto de corruptos que tenía cooptado al congreso, intentó modificar el código penal para proteger a corruptos y ladrones y ahora insiste en rebajar las penas a confesos delos mismos calificativos y tantos otros presumibles atentados en contra del patrimonio y la dignidad nacional y mucho más de lo que, frecuentemente, informan los medios de comunicación.
El ejecutivo, también deja un amargo legado: el capricho presidencial que, obsesionada mente, expulsó a la CICIG que tanto bien hizo a Guatemala al denunciar a corruptos y ladrones que, prácticamente, se venían apoderando del poder; en infraestructura, tampoco hizo bien las cosas: basta recordar el caso del libramiento y desviación de la carretera en Chimaltenango que sigue sin resolverse y muchas, pero muchas deudas más, que heredarán a la siguiente administración. Presidente y Vicepresidente pues, se irán sin pena ni gloria, pero, ya el PARLACEN, los está esperando para cobrar un sueldo en dólares como premio de consolación por lo poco o nada, que hicieron por Guatemala pues también el PARLACEN, como ya se dijo en uno de mis artículos, sirve para lo mismo: ¡PARA NADA! y, para contribuir a ese mismo propósito, los está esperando el PARLCEN.
Los cuatro años que están por concluir en los distintos niveles de la estructura del poder y del estado, sin excepción, quedan como deuda económica, política y social, para con la sociedad guatemalteca; hacer un recuento particularizado de los casos que conforman esa deuda, sería interminable. Durante ese tiempo (4 años), los medios de comunicación, se han encargado de informarnos todo cuanto sobre una deficiente administración y el particular corresponde, más lo que no trasciende que no es poco.
La deuda que también deja el Organismo Judicial, las municipalidades y las gobernaciones departamentales, es de consideración y conocimiento social en el país, especialmente, en sus correspondientes jurisdicciones. Como todo cuanto implica la deuda por incumplimiento y otros etcéteras más atribuidas a la presente administración, será heredada al siguiente gobierno que habrá de tomar posesión a partir de enero del 2020, corresponde a esta conocer, si procede, investigar y sancionar cuanto corresponda. Corregir los errores heredados es su obligación para tratar de cumplirle al país y no defraudar, a Guatemala y a la sociedad guatemalteca: en pocas palabras, esta es, la obligación de la nueva y futura administración gubernamental; la sociedad guatemalteca, espera no ser nuevamente defraudada.
