Los caminos que llevan a la corrupción

En 2015, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales —Icefi—, en asociación con Oxfam Internacional, realizó el estudio titulado: La corrupción. Sus caminos, su impacto en la sociedad y una agenda para su eliminación. ¿Por qué traer el tema hoy?

El martes de carnaval de 2018 se convirtió en martes de Cicig, debido a que, desde muy temprano, se conoció la noticia de que el expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y un buen número de sus ministros habían sido capturados, entre ellos Alberto Fuentes Knight, en el caso denominado por el Ministerio Público «Transurbano Fase 1».

Fuentes Knight, fundador de Icefi y presidente de Oxfam Internacional, fue un actor importante en el desarrollo del estudio sobre la corrupción, esto no lo salvó de ser capturado. En palabras del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, el exministro de finanzas facilitó las transferencias presupuestarias para inyectar recursos del Estado, la módica cantidad de Q 270 millones, unos US$ 35 millones. A pesar de que no existieron los estudios técnicos y de no haber disponibilidad presupuestaria, los fondos fueron a manos de empresas privadas con vínculos gubernamentales.

Por supuesto que debe respetarse el principio básico establecido en la Constitución Política Guatemalteca, que reza que Fuentes Knight y los sindicados en este caso, son inocentes hasta no ser vencidos en juicio, lo cual puede llevar muchos años, debido a cómo funciona el sistema de justicia guatemalteco.

El estudio cita seis caminos que llevan a la corrupción, ¿cuál de estos fue el que siguió el gobierno de la UNE? Seguramente no fue uno solo. El primero, una legislación desactualizada que permite altos niveles de discrecionalidad a tomadores de decisión; como en este caso, presidente y ministros aprueban por medio de acuerdo gubernativo el proyecto de “Transurbano”, este camino citado en el estudio fue el que facilitó el fraude.

Aunque la Carta Magna establece que la decisión de aprobar un acuerdo gubernativo propuesto por el presidente de la república debe ser aprobado en consejo de ministros, en esta caso, según informan algunos de los implicados, el mismo Colom fue a solicitar la firma de cada ministro de manera individual, lo cual significaría que la ley protege al Estado para evitar casos como este; sin embargo, los funcionarios, especialmente los de alto nivel, como ministros, secretarios de Estado, diputados y otros, hacen caso omiso de la legislación por desconocimiento, o bien por sumisión a los máximos líderes.

En este caso, llama la atención que el vicepresidente se haya negado a firmar. Incluso ha manifestado en los medios de comunicación su rechazo, desde el inicio, al proyecto, por tanto no avaló la decisión presidencial.

Partiendo de que el estudio citado es serio, realizado por dos instituciones acuerpadas por académicos respetables, es difícil que el ciudadano común confronte los resultados, sin embargo, queda claro, por lo menos para el autor de este artículo, la ausencia de investigaciones con un mayor nivel de profundidad. No es cierto que en el país la culpa de la corrupción sea de una legislación desactualizada. Durante el desarrollo del caso “Transurbano” se manifestará por parte del Ministerio Público, la violación de la Constitución Política de Guatemala y otras leyes, que en el estudio se citan como obsoletas e incapaces de hacer su función protectora de los bienes públicos, este hecho en sí mismo contradice el trabajo realizado por Icefi y Oxfam Internacional.

El camino para la corrupción está en lo profundo del ser y no del deber ser.