Todas las adquisiciones que realiza el Estado deben de procurar a los principios de eficiencia, transparencia e impacto positivo para el desarrollo del país. Los procedimientos de contrataciones del Estado se han ido modificando desde hace varios años, pero aún sigue siendo vulnerable para promover adquisiciones poco transparentes.
En ese sentido la Ley de Contrataciones del Estado debería ser una norma que debe acoplarse a los distintos momentos que se están viviendo, por ejemplo las adquisiciones en tiempo de pandemia o calamidades públicas sin que esto signifique decretar estados de calamidad o de emergencia que eliminan cualquier normativa y dejan abiertas las posibilidades de adquirir bienes y servicios sin ley y sin control específico.
Recientemente se vetaron las últimas reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, que lejos de promover la transparencia promovían la corrupción específicamente en las municipalidades pero también en todas las instituciones públicas por los montos de adquisiciones que se realizan. En la región de Occidente, especialmente en el departamento de Quetzaltenango llama mucho la atención que existen empresas de construcción que han emergido y que a partir de 2020 han sido adjudicadas con contratos de montos significativos en varios municipios, como ejemplo la Construcción del Centro de Salud de Almolonga, recién construido.
El problema no es tanto la Ley de Contrataciones del Estado porque en papeles todos los procedimientos están bien realizados y cumplen lo normado, el problema es más de fondo ya que inicialmente pude decirse que no existe la voluntad de implementar controles que realmente permitan atacar el problema de la sobrevaloración en las adquisiciones, especialmente en la obra gris.
Al verificar en Guatecompras la adjudicación de proyectos, existen ciertos patrones que se repiten en algunos municipios, por ejemplo en San Martín Sacatepéquez y Almolonga en los distintos eventos de cotización y licitación participan casi los mimos oferentes, pero siempre se adjudica a uno solo.
Esto sucede de la misma manera en la mayoría de municipalidades en donde la calidad de las obras se ve afectada por la utilización de materiales de mala calidad y a la sobrevaloración en los proyectos de construcción o construcción de carreteras, problema que no se solucionará con reformar la Ley de Contrataciones del Estado, sino más bien se debe solucionar con normativas específicas que minimicen en el riesgo de la sobrevaloración y apeguen los precios a la realidad.
Para construir edificios o carreteras para el sector privado se contratan a las empresas de reconocida reputación, y la calidad de las obras que entregan es mejor que de las construidas en el sector público, sin embargo éstas empresas no participan en los eventos público por temor a las repercusiones o implicaciones legales debido a la mala fama que existen entorno a las adquisiciones públicas. En conclusión podría decirse que el sistema de adquisiciones públicas necesita urgentemente que los titulares de todas las instituciones públicas sean los principales agentes de cambio para mejorar la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.