La prisión preventiva consiste en la privación de libertad durante el tiempo del proceso penal, la cual debe ser aplicada por un Juez competente y busca asegurar la presencia del detenido durante la sustanciación del proceso.
La prisión preventiva tiene dentro de sus características la excepcionalidad, es decir que el Estado está obligado a garantizar la libertad del ciudadano como un derecho fundamental y limitarla solamente cuando lo amerite o se lesionen bienes jurídicos fundamentales como la vida, la libertad, el patrimonio y la indemnidad sexual de las personas entre otros, partiendo de esto la prisión preventiva deberá aplicarse cuando se justifique y no exista otra medida mas beneficiosa para el procesado.
Para que un Juez pueda aplicar la medida de coerción de prisión preventiva es necesario que existan presupuestos legales y estos son:
EFECTOS QUE CAUSA LA PRISION PREVENTIVA A LA PERSONA QUE SE LE IMPONE:
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales señala que la prisión preventiva en el sistema penal guatemalteco ha sufrido un uso indebido, olvidando su fin y degenerando en violaciones a los derechos humanos de los detenidos, si se toma en cuenta que en muchos casos los jueces al finalizar la investigación tienen que sobreseer el proceso debido a que en la investigación el Ministerio Publico no encontró elementos que demuestren que la persona participo en el hecho que se le señala, violentando con esto el principio de libertad de la persona que durante mucho tiempo sufrió, pudiendo aplicar una medida distinta a la prisión preventiva.
En muchos países, y Guatemala no es la excepción los reclusos que se encuentran en prisión preventiva durante meses y años sufren las peores condiciones, debido al hacinamiento y la falta de servicios de las cárceles preventivas y de cumplimiento, aunado a ello las condiciones infrahumanas en que son tratados por la autoridad administrativa y los mismos reclusos reflejan el deterioro del ser humano durante el tiempo que está en la prisión.
Partiendo de esto y como alternativa a la prisión preventiva los jueces pueden acudir a la aplicación de una medida menos gravosa para la persona, como el arresto domiciliario o la prestación de una caución económica con el fin de preservarle la libertad y garantizar la presencia de la persona en el proceso.
Por ello el uso de la prisión preventiva debe justificarse y así evitar la sobrepoblación de las cárceles y el deterioro que sufre la persona en muchos de los casos.