El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo No. 435-94 de fecha 20 de julio de 1994, es decir, en once días estará arribando a sus 27 “traviesos” años, en otras palabras, hace rato, pasó el umbral de mayoría de edad. En el primer considerando de dicho acuerdo gubernativo, se señala que, es obligación del Estado emitir normas y disposiciones orientadas a promover el desarrollo económico y social del pueblo indígena de ascendencia Maya; en el tercer considerando se señala que, para la efectividad de las funciones del estado, específicamente respecto a la asistencia técnica y financiera que garantice el desarrollo integral y aseguramiento de una mejor calidad de vida a la población Maya de Guatemala, se hace necesario e imperativo crear un mecanismo financiero, que permita responder gradualmente y en forma prioritaria a las demandas emergentes y concretas de dicha población, también se señala en el siguiente considerando que, como parte de la política del gobierno en el combate a la pobreza, se considera necesario crear en consulta con los pueblos indígenas, un mecanismo financiero que atienda prioritariamente las demandas del pueblo Maya.
En ese sentido, como toda organización tiene una Misión y Objetivos los cuales están plasmados en los artículos 3 y 6 respectivamente, los que se resumen en apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano, sostenido y auto gestionado, promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, socio productivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de recursos humanos, de desarrollo cultural y gestionar proyectos de capacitación de recursos financieros y de su asistencia técnica nacionales e internacionales.
Sin embargo, en el artículo 29 –siempre del Acuerdo Gubernativo 435-94-, se le asignó la “astronómica” cantidad de 20 millones de quetzales para que FODIGUA saliera a batear a diestra y siniestra contra el subdesarrollo y pobreza a la cual está sumida la población Maya, desde hace más de 500 años, producto de la invasión que sufrimos.
Es importante mencionar que, del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que se está ejecutando actualmente -99 mil 700 millones de quetzales-, en el rubro de Secretarias y Otras dependencias del Estado, se presupuestó 1 mil 347 millones 135 mil 300 quetzales, de éstos, el 3% son para FODIGUA -40 millones 28 mil quetzales-. Esta paupérrima cantidad queda es casi nada si la comparamos con lo asignado a SOSEP –Secretaría de obras sociales de la esposa del presidente-, por cierto, ni esposa tiene –más de 200 millones de quetzales-.
Regresando al tema de FODIGUA, resulta que el 77% de su presupuesto -30 millones 815 mil quetzales son para gastos de funcionamiento, es decir, salarios, bonos, prestaciones laborales, viáticos, almuerzos, viandas, etc., y el raquítico 23% -9 millones 212 mil quetzales- son para inversión, es decir, para realizar lo que indica el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 435-94, lo que copiado literalmente dice: “Articulo 6. Objetivos. Promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, socio productivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de recursos humanos, de desarrollo cultural y gestionar proyectos de capacitación de recursos financieros y de su asistencia técnica nacionales e internacionales”
En la memoria de labores correspondiente al año 2019, FODIGUA da a conocer que recibió del presupuesto general de la nación, 36 millones de quetzales, los cuales ejecutó como gastos de FUNCIONAMIENTO –salarios, bonos, etc.-, 31 millones 294 mil 720 quetzales-, mientas que en INVERSIÓN desembolsó 4 millones 705 mil 280 quetzales, nuevamente el 87% para gastos y el paupérrimo porcentaje de 13% para combatir la pobreza de la población Maya; por cierto, representamos el 44% de la población total, según el censo de 2018.
En ese orden de ideas, vale la pena preguntarnos, ¿después de 27 años de vida de FODIGUA, es una institución de beneficio o perjuicio para la población Maya?
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.