Se ha preguntado usted alguna vez ¿por qué las grandes corporaciones financieras, las empresas agroexportadoras, y en general las empresas financian para la presidencia de un país a uno o varios candidatos mediocres? Pueden existir múltiples razones, incluso los que han investigado sobre el tema, afirman que estos candidatos son parte del grupo empresarial, en lo personal no los veo como parte de, más bien como empleados de, o sea aquellos que hacen que se cumpla la voluntad de los propietarios de los grandes capitales.
Tres ejemplos utilizaré para la reflexión que nos mueve el día de hoy. El comediante Jimmy Morales recibió financiamiento de la mayor parte, si no es que de todas, las familias que conforman el Cacif. Este hecho quedo totalmente evidenciado por el Ministerio Público y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala. Los empresarios salieron a pedir una disculpa pública al pueblo guatemalteco, además debieron realizar proyectos para una reparación digna al Estado. Esto en realidad fue un show. Hay personas que han robado menos de Q500 y han sufrido condenas de cárcel de hasta doce años. No hubieron condenas ejemplares para evitar que continuara cometiéndose el delito.
El mismo caso es el del actual presidente, el médico Alejandro Giammattei fue financiado por las mismas familias, entre otras, porque siempre ha habido de todo tipo. Por ello regalo el uso de una banda de comunicación a una empresa de telefonía, este acto fue compensado con unos milloncitos donados por esta empresa para los hospitales temporales COVID-19. Podemos seguir buscando ejemplos y encontraremos muchos.
De la misma forma el grupo empresarial ahora enfoca sus recursos económicos para financiar a Edmond Mulet, Roberto Arzú y Neto Bran, por allí tiran sus quetzalitos, sabedores que los beneficios son muy buenos. Por cada Q1 invertido en este tipo de candidatos, le reditúa al empresario por lo menos Q100, o un monto alto cuando se coloca millones en la jugada política. En realidad la tarea del servil político no es muy complicada, solo se trata de que no haga nada para cambiar la situación actual.
Por ejemplo la inseguridad, se imaginan ustedes si un presidente implementara una estrategia que lograra en sus primeros dos años de gobierno terminar con los robos, asaltos y extorsiones. El costo para dos industrias seria millonario. En seguros de todos los ramos, las compañías aseguradoras obtuvieron en el año de la pandemia una ganancia de Q1 mil 117 millones de quetzales. Esto gracias a los deficientes servicios de salud, seguridad, transporte, entre otros. Solo imaginemos, se vale, que esta industria invirtió en el proceso electoral Q100 millones, ahora obtuvo 10 veces ese valor, en el primer año, o en total en los cuatro años de gobierno se tiene 40 veces lo invertido. Tremendo negocio, mucho mejor que arriesgar en la bolsa de valores de cualquier país desarrollado.
La otra industria, si se le puede llamar así, que se vería seriamente afectada por una eliminación total de los actos delincuenciales en el país es la de la seguridad privada. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Guatemala, los ingresos de las empresas de este sector equivalen en un año a Q1 mil 200 millones de quetzales. Por esta razón los propietarios de las empresas no ven con buenos ojos que un gobierno aplique tácticas o estrategias para disminuir la delincuencia. El negocio de las armas de fuego, municiones y todo lo relacionado está muy feliz de que en el mundo no haya paz, y sus inversiones van encaminadas a políticos dispuestos a mantener la guerra a todo nivel.
En general al sistema económico vigente en Guatemala, y en la mayoría de países del mundo, le conviene que gobierne un mediocre, esto les garantiza ganancias millonarias. En 2023 volverán a invertir en este tipo de candidatos para mantener el statu quo.
Por ello la reforma estructural del Estado es urgente, de lo contrario repetiremos la historia una y otra vez.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.