El domingo 5 de septiembre el Congreso de la República de Guatemala se improbó el Decreto Gubernativo 8-2021 que se refería al Estado de Calamidad que pretendía establecer el ejecutivo por 30 días. Es importante que conozcamos de qué se trataba realmente y lo que se pretendía de fondo.
Es innegable que existen necesidades no cubiertas en los hospitales que atienden pacientes con Covid-19 ante el aumento de casos positivos, especialmente medicamentos, equipo de intensivo y personal médico, y conscientes estamos de que las restricciones de movilidad son necesarias porque ante el alto grado de ingobernabilidad que tenemos la población ha descuidado las medidas básicas como reuniones sociales, actividades deportivas, reuniones familiares, etc.
No es necesario un estado de calamidad si en serio se gobierna pensando en la población necesitada, además debe existir transparencia y consciencia de que el presupuesto y abastecimiento al sistema salud debió quedar previsto desde el año pasado, o hacer las transferencias a inicios de 2021, no esperar hasta el último cuatrimestre para intentar hacer algo.
Las restricciones se pueden dictar sin necesidad de acompañarlas del estado de calamidad que aprovechaba para realizar compras sin licitar y cotizar como corresponde, incluso en el artículo 8, literales d) e) y f) se sustituía el contrato por la figura de una acta de negociación, lo cual es contraproducente.
Dentro de los insumos que se podían contratar al amparo del estado de calamidad se incluía publicidad en medios de comunicación para campañas preventivas relacionadas al virus, esto no es necesario, es mejor que la publicidad que ya tienen contratada los ministerios, secretarías y ejecutivo en general la pauten para campañas de prevención y vacunación.
Por otro lado también se pretendían declarar exentas de los impuestos IVA y derechos arancelarios en la importación sobre las donaciones vinculadas con la prevención y atención del COVID-19 que se reciban o se adquieran a favor del MSPAS, IGSS y CONRED; pero, no se establecía ningún mecanismo para verificar que efectivamente las importaciones y compras que se hicieran bajo esa modalidad fueran de verdad para donación y no solo un beneficio aprovechado por el sector privado para importar sin pagar aranceles.
Existen compras de estados de calamidad de otros años que no han sido liquidadas, no se han rendido cuentas de los recursos aprobados en el año 2020 para atender la pandemia, hay dudosas contrataciones realizadas con los prestamos contratados cuyo destino se desconoce sumado a la mala gestión de la pandemia más la escasa vacunación fueron el detonante para que la población en general esté desesperada, molesta y sin confianza ni credibilidad en el gobierno y sus decisiones.
Los grandes perdedores de esta situación son los médicos y los enfermos de Covid que tendrán que seguir haciendo malabares para salir adelante, el ganador es el gobierno que al estilo de Pilatos se lavará las manos culpando de los contagios y muertes (que ya se proyectaban desde julio) a la falta de aprobación del estado de calamidad.