Escandalosas adjudicaciones con fondos públicos
Ha tomado revuelo en la presente semana la noticia publicada por medios de comunicación internacional que hacen referencia al posible financiamiento de campaña con fondos provenientes de adjudicaciones en proyectos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -MICIVI-.
Tal noticia se ha convertido en un escándalo nacional e internacional, pero, aún los guatemaltecos no se han dado cuenta que eso no ha sucedido solo en años anteriores, sino que son situaciones que se siguen dando incluso en el presente año.
Basta con ingresar al portal de Guatecompras en donde se puede establecer que en lo que val año 2022 existen ya innumerables concursos públicos en sus diferentes modalidades ya posteados para adjudicar. En ese orden de ideas solo el Ministerio de Educación tiene publicados 4 eventos de cotización por Q 1,404,575.07 y 4 eventos de licitación por Q95,146,784.87. De la misma manera los demás ministerios e instituciones de la administración central haciendo un total de 3654 concursos publicados por un monto de Q1,024 millones de quetzales.
La tendencia fue la misma en 2021 y en 2020 en las instituciones del gobierno central, municipalidades y proyectos de consejos de desarrollo en donde se repite la tendencia de crecimiento en las adjudicaciones de caminos y carreteras, estos proyectos son adjudicados a un precio y en la mayoría de los casos las empresas constructoras o las unidades ejecutoras justifican cambios en los proyectos y aumentan el precio negociado inicialmente.
Si conscientemente se hiciera un análisis efectivo sobre el precio por el cual se adjudican los proyectos de infraestructura y adquisiciones que realizan las instituciones públicas no es tan difícil inferir que estos precios están sobrevalorados, cada vez el Estado paga más caro por las compras que realiza y las construcciones que paga son las más caras del mercado.
Lo que sucede es que se ha normalizado la corrupción y es una verdad a gritos que en la adjudicación de proyectos se incluye en los precios un sobre costo que es la coima que los constructores pagan por la adjudicación de los proyectos. En este sentido la sobrevaloración es consentida por el proveedor y por la institución compradora debidamente coludidos para aprovecharse de fondos públicos.
Un aspecto importante es que por el lado de los constructores o proveedores del Estado nadie se ha manifestado mostrando su indignación por la noticia de financiamiento electoral por parte de una constructora con fondos destinados a proyectos de infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, esto porque también salen beneficiados con los proyectos a sabiendas de que es un delito.
Muchos guatemaltecos se han indignado con las cantidades exorbitantes que se manejan como pago de favores en las contrataciones públicas que han salido a la luz, pero la realidad es que más escandalosas e indignantes son los eventos publicados en Guatecompras en este año ya que la mayoría presentan sobrevaloración y otras son dudosas como el caso del seguro escolar que sigue significando un pago millonario sin un beneficio real para la niñez.
