El hartazgo de la ciudadanía respecto a la cara visible del pacto de corruptos -Porras, Curruchiche, Orellana, Giammattei, etc-, está llegando a su clímax, la gente de a pie no puede más, no puede seguir de rodillas ante la escalada de tanta robadera de nuestra voluntad y soberanía y desgobierno existente. No tenemos gobierno, no hay Estado de Derecho, los fines y objetivo del Estado plasmado en los tres primeros artículos de nuestra Constitución Política, están totalmente ausentes, incluso, el procurador de nuestros Derechos Humanos, es un monigote al servicio de ese pacto de corruptos.
La señora Fiscal -Consuelo Porras- ha estado cometiendo ilegalidades día tras día, no hay poder humano que la pueda frenar. Varias instituciones como el TSE, el presidente electo, el partido político Movimiento Semilla, Cuarenta Cantones -entre otros-, han presentado amparos ante la Corte de Constitucionalidad y casi todos, han sido declarados sin lugar o han tenido un fallo a favor del pacto de corruptos. Qué lamentable y qué manera de defender a los corruptos, por parte de la institución que hace 30 años salvo la incipiente democracia cuando el entonces presidente de la república -Jorge Serrano- quiso romper el orden institucional del país.
Ante la inminente consolidación del golpe de Estado, las organizaciones ancestrales indígenas más antiguas de Guatemala -CUARENTA Y OCHO CANTONES y PUEBLO INDIGENA DE SOLOLÁ- salieron a liderar y a defender la soberanía del pueblo expresado en las urnas tanto el 25 de junio como el 20 de agosto, pidiendo la renuncia de estas tres personas -Consuelo Porras, Curruchiche y juez Orellana- porque ellos, son los principales artífices de este golpe de estado. Es histórico el accionar de las organizaciones indígenas, nunca habían recibido tanto respaldo de la ciudadanía como se ha visto hasta ahora.
Este malestar de la población fue manifestado por medios escritos, reuniones presenciales, etc., hacia las instituciones responsables de investigar e impartir justicia -MP, CC, CSJ- pero, simple y llanamente fue desoída la petición de los pueblos indígenas. Los plazos fueron fijados, los plazos se vencieron y las consecuencias están a la vista. Manifestaciones pacíficas y bloqueos carreteros en puntos estratégicos del país, ¿quién tiene la culpa que se haya llegado a estos extremos? El viejo y conocido refrán dice: Sobre aviso no hay engaño. En ese sentido, hoy viernes 6 de octubre -5:00 AM- se cumplieron 96 horas de bloqueos vehiculares y no hay signos que se desbloqueen los espacios, porque, la petición es clara y contundente: La renuncia de las tres personas debe hacerse efectiva o en su defecto, el presidente Giammattei, debe destituir a la fiscal general y jefe del MP.
Reitero, ahora, ya no es solo Cuarenta y ocho Cantones y Pueblo de Sololá, ahora es Guatemala, es decir, varios pueblos, organizaciones nacionales e internacionales se han unido y al unísono piden la renuncia de estas personas y que se regrese a la tranquilidad institucional. La petición, por su puesto está basada en ley, el artículo 251 de la Constitución Política de la Republica en su último párrafo indica: “El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida”, a mi parecer, existen no solo uno, sino varias causas justificadas para que el presidente proceda a remover a la fiscal Porras. No hay vuelta atrás, Giammattei debe removerla y punto, por el bien, por la tranquilidad de la población debe hacerlo. En este caso, debe prevalecer el bien común, sobre el particular, es decir, la paz y tranquilidad de más de 17 millones de personas, está por encima del capricho y orgullo de una persona deshonesta, mentirosa, desleal y sin principios y cara visible del pacto de corruptos.
La pelota está del lado de Giammattei, de él depende el desbloqueo de carreteras, de él depende las consecuencias que se puedan dar por el accionar de los antimotines. Las crisis no se solucionan emitiendo comunicados, las crisis se solucionan priorizando las necesidades del pueblo, porque el pueblo tiene el poder, y en el pueblo radica la soberanía y es quién la delega para su ejercicio en los tres organismos del Estado.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.