El problema no es el seguro, sino la forma cómo lo comercializan

El diccionario de la lengua española define la palabra seguro así: “Libre y exento de riesgo.  Contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una prima a indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.  Aseguradora, compañía que asegura mediante seguro.”  No es difícil entender y comprender esta definición.

Si no estoy mal, los bloqueos realizado por los transportistas los días lunes y martes recién pasados, pasarán a la historia como, los que paralizaron al país entero tanto en el área rural como en el área urbana, en los 340 municipios del país.  De eso, casi estoy seguro.

Ni el señor Rony Mendoza –presidente de una de tantas agrupaciones de transportes- se lo creía, en un video que subió en las redes sociales el día viernes 21, decía con tanta seguridad que, no había tal manifestación a nivel nacional, y que, esa manifestación la estaba organizando 48 Cantones –señor Mendoza, de dónde sacó semejante tontería, revise lo sucedido esos días y saque sus conclusiones.

Los bloqueos a nivel nacional, fueron producto del contenido del acuerdo gubernativo No. 17-2020 de fecha 13 de enero 2020, publicado en el Diario oficial el 12 de febrero del mismo año, firmado por el gobierno más inepto –bueno, creo que ya superado por el actual- Jimmy Morales, dicho sea de paso, fue aplazado su entrada en vigencia, por cuarta ocasión, en ese orden de ideas, la autoridad que suspende constantemente una misma ordenanza, deja de ser autoridad y cae en ridiculez.

El problema no es el seguro porque hoy en día en Guatemala tenemos meridiana claridad sobre los beneficios de un seguro –médico, accidentes, incendios, robo, etc., hay transacciones comerciales tanto privadas como del gobierno, donde se debe pagar un seguro o incluso una fianza, por supuesto que, entre seguro y fianza hay diferencia, pero ambas cosas, aseguran el cumplimiento de una obligación contraída, el problema es la forma cómo las empresas aseguradoras están comercializando la venta de ese servicio, EL SEGURO.

En Guatemala, hay 17 empresas Aseguradoras –la mayoría son propiedad de los bancos del sistema-, sin embargo, únicamente 4 de ellas están ofreciendo el servicio del SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS Y DE CARGA, que el gobierno está obligando contratar a los transportistas.  Platicando –vía telefónica- con un ejecutivo de ventas de una de las empresas de Seguros, indican que, antes sí lo ofrecían, pero que por los constantes o recurrentes accidentes provocados por estas unidades de transportes, ya no lo tienen en cartera, simple y sencillamente porque no les es rentable pagar tanta indemnización.  Por supuesto, entre más accidentes hay, más dinero desembolsaran estas empresas, obvio, ellos están hechos para ganar no para perder.

La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros –AGIS- jura que los precios son accesibles, incluso “insta” al gobierno a que ya no se otorguen más prórrogas, pues si, urge un SEGURO pero, con otras políticas de comercialización y con más proveedores de ese servicio, señores de AGIS, ¿cómo explican ustedes que, de 17 empresas aseguradoras, solo 4 empresas están ofreciendo este servicio?  Las empresas aseguradoras que ofrecen este servicio son El Roble, La Ceiba, Columna, Mapfre –solo MAPFRE envió vía whatsapp, los costos de dicho seguro-.

El costo anual de este seguro que la empresa Aseguradora MAPFRE está ofreciendo es el siguiente:  Cabezal Q 9,124.69; Camión mayor de 3.5 Q 8,121.06; Camión menor de 3.5 Q 6,355.61; Panel Q 4,084.81; Pick Up Q 3,836.16; Microbus Urbano Q 5,094.33; Buses urbanos Q 7,338.79; Uber, Taxi Q 2,821.62; Mototaxi, Tuc-Tuc Q 1,690.04.  Las coberturas son por responsabilidad civil e Indemnización por afectaciones a personas. 

Reitero, es urgente e impostergable que los transportistas paguen el SEGURO para tranquilidad de ellos y de las personas que podrían ser dañadas, pero, el costo de dicho SEGURO, debe ser justo y equitativo. 

Ya basta que el sistema financiero del país –brazo derecho del CACIF- siga acumulando más riqueza a costa del pueblo.