En Guatemala son numerosos los pactos colectivos celebrados con el Estado por parte de los distintos sindicatos de trabajadores que se han formado en las instituciones públicas, sin embargo lejos han quedado aquellos tiempos en que la lucha sindical se caracterizaba por tener una ideología que velaba por el bien común de los agremiados y buscar mejoras a las condiciones de trabajo de la mayoría.
En éste orden de ideas cada vez las organizaciones sindicales se han desacreditado porque han vendido sus organizaciones a cambio de mejoras pero en la mayoría de casos solo para los que conforman la dirigencia de los mismos, es decir, reciben beneficios personales y se han caracterizado porque los dirigentes se dedican el 100% del tiempo a la actividad sindical descuidando sus labores como trabajadores lo cual es contradictorio a las condiciones de los demás trabajadores que si tienen que cumplir con sus tareas y con un horario, éstos dirigentes utilizan las organizaciones como un trampolín para obtener comunicación directa con las autoridades de las instituciones del Estado.
Si revisamos uno por uno los pactos colectivos del Estado nos daremos cuenta de que ni siquiera existe uniformidad en cuanto a las condiciones y beneficios, porque cada institución hace la negociación de forma individual, lo cual no debería de ser así porque el Estado es uno, y con base al principio de unidad del presupuesto establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto no se pueden comprometer recursos que no se tienen, además al negociar los pactos colectivos claramente se ven afectados los interés del Estado pues son muchos millardos los que se ponen en juego en una negociación de ésta naturaleza.
Es increíble que existan instituciones en donde los dirigentes sindicales se han recetado cierta cantidad de viajes al extranjero cada año, vehículos con combustible, aumento del 10% cada año (que en menos de 10 años les duplica el sueldo porque éste aumenta en progresión geométrica) incluso existen instituciones que han negociado que los puestos se “heredan” a un familiar del trabajador lo cual es contrario a cualquier ley de servicio civil y norma de reclutamiento y selección de personal además todavía cobran viáticos por las actividades sindicales.
El problema radica en que las instituciones que deben vigilar por el buen uso de los recursos públicos no se pronuncia ni fiscalizan al respecto, por ejemplo el Ministerio de Trabajo antes de visar un acto colectivo debe exigir que el Ministerio de Finanzas emita un dictamen en donde certifique que la institución cuenta con los recursos financieros para cumplir con dicho pacto colectivo y que no se están comprometiendo recursos que deberían ser utilizados para atender a la población, en el caso reciente del pago que se hizo al magisterio no se contaba con disponibilidad financiera y sin embargo se autorizó el incremento salarial del 15% de forma escalonada, este será a razón de 5% anual durante tres años y un bono navideño de Q2 mil 500 a fin de año, entre otros beneficios. Además el ente fiscalizador responsable de velar por la calidad del gasto debe pronunciarse para que no se sigan comprometiendo ni negociando los recursos públicos sin beneficio para la población vulnerable, pues tampoco pueden comprometerse recursos públicos para otros ejercicios fiscales.