En la ultimas semanas ha estado sonando en el ambiente y en diferentes medios de comunicación la noticia de la construcción de la carretera de Puerto Quetzal, dado que el 24 de noviembre recién pasado, con el voto de 105 diputados del Congreso de la República se aprobó el proyecto de rehabilitación, administración y operación de la autopista Escuintla Puerto Quetzal con cobro de peaje, lo que ha desatado una serie de criterios a favor y en contra por parte de los sectores y pobladores directamente afectados.
El proyecto consiste en la restauración de aproximadamente 40 kilómetros de carretera en la ruta Escuintla Puerto Quetzal y que se ejecutará por medio de una alianza denominada público privada con una inversión de aproximadamente seiscientos millones de quetzales, en teoría el precio es elevado porque será una carretera con estándares internacionales.
La alianza publico privada se realiza por medio de una institución gubernamental denominada ANADIE -Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica- que funciona como entidad descentralizada, que asesora a otras instituciones públicas en la planificación, estructuración y contratación de proyectos de infraestructura pública con altos estándares de calidad, bajo el modelo de alianzas para la construcción de proyectos de infraestructura con estándares internacionales, según lo indica en su página web.
La principal fuente de ingresos para mantener el proyecto es el cobro de peaje a los usuarios de esta carretera más o menos un cobro de quince quetzales cada vez que transite un vehículo liviano. Éste cobro de peaje afecta directamente a los usuarios de las poblaciones aledañas y que dependen de esta carretera para abastecerse de alimentos, educación, salud y otros bienes y servicios que los obligarían a transitar por dicha carretera ya sea en carro o en moto o motoneta.
Un aspecto a tomar en cuenta es que el proyecto contempla que el sector privado será el responsable del cobro del peaje y mantenimiento de la carretera dándole a cambio la concesión de la administración por veinticinco años aproximadamente.
Donde se convierte en un negocio redondo es que ésta carretera se utiliza en su mayoría por ingenios, cafetaleros, importadores y grandes empresas e industrias que deberían de pagar un precio más alto y sin derecho a exoneración ni reclamación de impuestos por el importe pagado, ya que si se les exonera o no se les cobra a éstas empresas sería más justo que sean éstas empresas quienes la construyan y mantengan sin cobrar peaje a los demás usuarios; en caso contrario, es un negocio redondo para el sector privado porque además de no pagar nada cobrara por el uso de una carretera pública que se privatiza para favorecer a algunos y no a las poblaciones vulnerables.
Alcaldes locales consideran que la carretera la debería de reconstruir el Gobierno y no privatizarla, ya que son ellos los que han abandonado la ruta, incluso señala que los vecinos de Escuintla están dispuestos a dar la vida para que no se ejecute la obra.