Hemos observado como el Instituto Guatemalteco de seguridad Social –IGSS- ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte de entidades vinculadas al ejecutivo, dicha institución siempre ha sido apetecida por estructuras de corrupción que a través de los años se han aprovechado de sus recursos indiscriminadamente.
En el 2014 el IGSS contrató a Droguería Pisa, quien subcontrato a otra empresa sin experiencia en atención a pacientes renales, que no tenía registro sanitario ni personal médico, no contaba con infraestructura adecuada, y se le adjudicó un contrato de Q116 millones, el cual desembocó en daños irreparables para los enfermos renales; también se compraron ambulancias cuyo precio de venta era de Q400 mil, pero al IGSS se las vendieron a casi Q1 millón; y, otro caso emblemático en 2014 fue la adquisición de un sistema de computo a la empresa Intellego, S.C., por el que se pagaron Q250 millones, el contrato no fue cumplido a tiempo y el programa duplicaba las funciones del software que ya utilizaba el instituto, todas las empresas mencionadas eran de reciente inscripción en el país y sus únicas ventas fueron al IGSS.
Además, en los procesos de adquisición de medicina se adjudicaba a la empresa que vendía más caro, incluso al comparar precios internacionales se podía establecer la sobrevaloración generando pérdidas y fuga de recursos financieros que bien podían ser utilizados para cubrir otras necesidades de los afiliados.
Acertadamente en 2016 la Junta Directiva solicitó la asistencia técnica de la ONU para mejorar la calidad y la transparencia en los procesos de compra por medio de UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) firmando un acuerdo para la adquisición de medicamentos e insumos. Al comprar por medio de UNOPS se logró un precio razonable en las licitaciones, una vez ha conseguido el precio más bajo se compara con precios de por lo menos 14 países y si el precio es superior a la razonabilidad de esos países no se compra y entonces se negocia la rebaja, logrando ahorrar aproximadamente el 50% en comparación con lo que pagaban antes por los mismos medicamentos. Además, las unidades médicas que adquirieran medicamentos por medio de compra directa tienen como referencia los precios que UNOPS obtuvo.
El problema de fondo para atacar al IGSS es que las farmacéuticas y proveedores que por años han vendido con precios sobrevalorados no están de acuerdo en que se siga comprando por medio de UNOPS ya que han quedado fuera de la competencia por los precios tan altos que manejan y están usando a la PGN quien extralimitándose en sus funciones pretende amedrentar a la Junta Directiva.
Es cierto que el IGSS debe mejorar muchos aspectos de atención y eficiencia, cambiar personal administrativo, pero también es cierto que ha ayudado a muchos afiliados que no pueden pagar sus cirugías, medicamentos o pagar tratamientos que por lo privado serían muy caros y el Ministerio de Saludo no los presta porque está en bancarrota. La PGN antes de sugerir cambios en instituciones que no están en sus competencias debe de dictaminar para que el ejecutivo pague los millones que le debe al IGSS en cuota patronales atrasadas.