El Código Penal establece en el artículo 263 que la Estafa propia la comete quien, induciendo a error a otro, mediante ardid o engaño, lo defraudare en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno.
También en el artículo 264 se establece entre los casos especiales de estafa los siguientes: Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias; Quien defraudare a otro haciéndole suscribir, con engaño, algún documento; Quien cometiere defraudación sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente documento u otro escrito; Quien otorgare, en perjuicio de otro, un contrato simulado; Quien, con datos falsos u ocultando antecedentes que le son conocidos, celebrare, dolosamente, contratos basados en dichos datos o antecedentes.
Pareciera que estamos hablando de delitos difíciles de cometer en conjunto, pero, lastimosamente el pueblo de Guatemala ha sido estafado una vez más ahora con la supuesta compra de las vacunas ya que todas las acciones mencionadas anteriormente fueron cometidas por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores y no sabemos que otros funcionarios y/o particulares estén involucrados.
Guatemala es uno de los países que no ha vacunado ni al 1% de su población, por eso la economía no despega porque cada vez hay más gente enferma que no tiene acceso a salud de buena calidad porque al gobierno no le interesa, una muestra de ello es que se firmó un contrato “fantasma” para la adquisición de vacunas con Rusia, pero a la fecha ningún funcionario involucrado ha dado una explicación real y clara de las cláusulas de dicho contrato y con quien específicamente lo firmaron y la razón por la cual entregaron un anticipo de aproximadamente 614 millones de quetzales sin ninguna garantía de la entrega de las vacunas.
El problema de fondo es que para hacer una transferencia de tanto dinero a un proveedor ruso debieron ponerse en contubernio varios funcionarios, entre ellos el Ministerio de Salud, de Finanzas, de Relaciones Exteriores, Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos, entre otras, y el silencio que mantienen estas instituciones huele a complicidad.
Se necesita ser muy ingenuo o muy descarado para pagar sin recibir el producto, lo más seguro es que el contrato no tenga ninguna cláusula para proteger al Estado de Guatemala y que además no tenga ninguna cláusula de garantía del producto tanto para la primera y la segunda dosis, si esto ocurriera en una empresa privada ya estuvieran presos todos los que causaron el menoscabo.
Tarde o temprano se descubrirá que hicieron y quienes fueron los autores materiales e intelectuales de semejante estafa cometida contra los ciudadanos que honradamente pagan sus impuestos; ningún presidente ni funcionario de otro país se hubiera atrevido a tanto, la población necesita respuestas ya que el país está al borde del colapso, ni siquiera existe un plan de vacunación funcional, muchas vidas valiosas se han perdido por falta de una brújula para manejar la pandemia, no queremos más muertes.