En 2019 fuimos testigos los Guatemaltecos de los resultados del Censo de empleados públicos de Guatemala que realizó el Instituto Nacional de Estadística –INE-, y que dio como resultado la “no localización” de más de 37 mil personas, lo que no nos quedó claro es a que se referían cuando indicaban no localizados, asumo que quiere decir que no se comprobó que esas personas laboraban para las instituciones públicas.
El presidente anunciaba el día de ayer que se sospechaba de la existencia de plazas fantasmas en diferentes instituciones, y que como primera medida de prevención entregarían los cheques de pago de sueldo del mes de enero a cada persona para que explicaran cuales son las funciones que desempeña, en donde y quiénes son sus jefes inmediatos. Esto reconfirma lo que ya imaginábamos, que el Censo no se realizó técnicamente y que no cumplió el fin que tenía que era: conocer el número exacto de empleados que son pagados con fondos públicos.
Para comenzar no se informó a la población sobre el monto que el Estado y los donantes gastaron en la realización del Censo de empleados públicos, tampoco se informó en qué instituciones y qué personas fueron las que no se localizaron ni se pusieron las denuncias a las instancias correspondientes para que procedan con la investigación y la persecución penal. El gasto más fuerte para el Estado y que se consume su presupuesto, es en pago de personal, ya que el recurso humano es bastante en instituciones como: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa y Gobernación, etc., por lo que es indispensable la certeza del número de personas que laboran y que las mismas realicen sus funciones.
Como primera acción de prevención está bien el que los empleados públicos cobren su cheque personalmente, pero, para tener la certeza de las plazas verdaderas y evidenciar las plazas fantasmas es necesario realizar auditorías combinadas en donde por medio de procedimientos de auditoría, se analicen los contratos, transferencias de pago, funciones, visitas sorpresa al lugar de trabajo etc.
Esta auditoría no puede confiársele al ente fiscalizador de fondos público, ya que hasta la fecha ha sido incapaz de evidenciar las plazas fantasmas, existen instituciones como IGSS, SAT, MINEDUC y otras en donde hay plazas que no aparecen en nómina ni se han ingresado a guatenominas porque no están actualizados los registros, además no se conoce realmente el número de empleados de alta y los dados de baja. El ente fiscalizador ni siquiera se han atrevido a auditar el gasto que se hizo para la realización del Censo, si se evidencia que el Censo no funcionó o los datos no son válidos significa que también el gasto que no es procedente y por lo tanto hay que proceder como corresponde. Es por esas razones que las auditorías de personal para localizar las plazas fantasmas deben realizarlas entes externos a las instituciones públicas, que no tengan ningún interés ni relación con las mismas para que reflejen el número de plazas fantasmas y los montos que el Estado ha estado pagando en concepto de ello.